Madrid.- Un sacerdote nacido en Colombia es uno de los 34 detenidos por la Policía española en el desmantelamiento de una red internacional de matrimonios por conveniencia, que había concertado más de un centenar de casamientos entre inmigrantes irregulares y españoles.
Fuentes de las Fuerzas de Seguridad españolas informaron hoy de que la red organizaba matrimonios entre ciudadanos colombianos, la mayoría vinculados al narcotráfico, y españoles, por los que los inmigrantes pagaban entre 10.000 y 12.000 euros (entre 15.000 y 18.000 dólares).
La policía no facilitó la identidad del sacerdote.
A cambio del dinero y tras casarse, los inmigrantes podían obtener un permiso de residencia en España y, posteriormente, gestionar su nacionalización.
Ahora, la Policía tramitará la anulación de los matrimonios fraudulentos detectados, así como la extinción de las tarjetas de permiso de residencia concedidas en virtud de ellos.
A los arrestados se les imputan delitos de asociación ilícita, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, estafa, falsedad documental e infracción a la Ley de Extranjería.
Entre los miembros de esta red había una mujer, apodada "Claudia", nacida en Colombia pero nacionalizada española, quien, a través de una supuesta gestoría y haciéndose pasar por abogada, era la encargada de gestionar estos casamientos.
Con ayuda de otros miembros de la organización, la mujer había hecho una red de contactos, entre ellos algunos funcionarios, y acudía siempre a los mismos Registros Civiles y Juzgados de Paz de la región de Madrid.
El extranjero interesado en legalizar su situación contactaba con "Claudia" y le adelantaba parte de la cantidad que costaba la boda con un ciudadano español, mientras que el resto del dinero era entregado tras obtener el permiso de residencia.
"Claudia" buscaba entonces a la persona de nacionalidad española, generalmente de ambientes marginales, que a cambio de 3.000 euros (unos 4.500 dólares) accedía a contraer matrimonio.
Realizaba también todas las gestiones necesarias para formalizar el casamiento, desde los trámites administrativos hasta aleccionar a los futuros contrayentes, con el objetivo de que realizasen correctamente la entrevista previa.
Otra de sus misiones era buscar a los testigos del enlace, a los que pagaba unos 200 euros (unos 300 dólares), y se encargaba de gestionar la falsificación de los documentos.
Según la Policía, la investigación continúa, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
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