La Orden Ministerial de la Ley de Cine entra en vigor tras publicarse en el BOE

Madrid.-  Tras polémicas negociaciones entre el director general del ICAA, Ignasi Guardans, y los distintos sectores del cine español, la Orden Ministerial de desarrollo de la Ley de Cine entra en vigor tras publicarse en el BOE e inspirada "en el carácter esencialmente cultural de la actividad cinematográfica".

Cuando todavía está pendiente su aprobación por parte de la Comisión Europea de Bruselas, esta Orden Ministerial, en la que se regulan exclusivamente las ayudas públicas que tienen carácter centralizado, fue publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial de Estado (BOE).

Las bases reguladoras de las nuevas ayudas establecidas por la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, han causado polémica por dejar fuera de las ayudas complementarias a las películas con un presupuesto inferior a 600.000 euros, así como por un sistema de puntos para las producciones entre esa cifra y los 2 millones de euros de presupuesto.

Con la publicación de la Orden Ministerial en el BOE se aclara que "las ayudas para la elaboración de guiones de largometrajes quedan limitadas a un máximo total de quince ayudas anuales".

Este número facilita que estas ayudan incrementen su dotación (hasta los 40.000 euros) mientras las ayudas para el desarrollo de proyecto serán de un máximo 150.000 euros, siempre que ese importe no supere el 50 por 100 del presupuesto del desarrollo del proyecto, aunque no se especifica el número de proyectos beneficiados cada año.

Al quedar las producciones por debajo de 600.000 euros a expensas de estas ayudas para su realización -aunque aspiren a las de amortización-, este punto ha sido el principal foco de debate por parte del sector artístico de la cinematografía española.

Algunos de ellos, alrededor de la plataforma "Cineastas contra la Orden", consideraban la semana pasada esta franja de cine de bajo presupuesto como "el semillero" del cine que posteriormente refuerza al español como industria.

La Orden comprende, asimismo, las ayudas de amortización, que se dividen, a su vez, en generales y complementarias.

"La ayuda general será consecuencia directa de la aceptación de una película por parte de los espectadores, concepto en el que se incluyen otras nuevas formas de acceso a la obra cinematográfica distintas de la sala de exhibición", y tendrá un límite de 800.000 euros.

"Se refuerza así la atribución al público de lo que vendría a ser una función de jurado en la atribución misma de las ayudas", continúa la Orden.

La fórmula de esta ayuda "se obtendrá multiplicando el 15 por 100 del número de espectadores de la película durante los doce primeros meses de exhibición desde su estreno comercial en España, por el precio medio de la entrada en el año anterior a la convocatoria".

Además, "se establece la ayuda complementaria, que toma en consideración otros factores", que computan a través de un sistema de puntos que ha sido criticado no por sus criterios, sino por su difícil combinatoria y su peso específico en la ayuda global.

Los requisitos son "el carácter independiente de la producción, que se trate de una película documental, que su calificación sea de 'Especialmente recomendada para la infancia', que se trate de una película de animación, el reconocimiento de la película mediante su aceptación en festivales o el otorgamiento de premios".

También se tendrán en cuenta "el hecho de tener su versión original en lengua española distinta del castellano, la existencia de una composición equilibrada de mujeres y hombres entre los responsables de cada uno de los equipos técnicos, el riesgo asumido por el productor a partir de determinados niveles de inversión o la apuesta por nuevas tecnologías de proyección digital".

La ayuda complementaria tiene un tope de 1.200.000 euros, y, la subvención total por amortización (la complementaria más la general) no puede superar el 50 por ciento del presupuesto de la película ni el 75 por ciento del dinero invertido por el productor.

Con esta Orden, desde el Ministerio de Cultura intentan "mantener el necesario equilibrio y proporción entre el apoyo público al sector cinematográfico y audiovisual y la racionalidad del sistema de ayudas en su conjunto".