Washington.- El Gobierno estadounidense expresó hoy su preocupación por la represión religiosa en Birmania, China, Irán y otros países considerados menos restrictivos, como Venezuela y Cuba, pero en los que también se menoscaba la libertad de culto.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, presentó hoy el informe anual sobre Libertad Religiosa en el que se analiza las restricciones, abusos y mejoras para garantizar la diversidad de culto y que sirve como indicador para su política exterior.
Con un espíritu de "diálogo" y "cooperación", como el que transmitió el presidente, Barack Obama, en su discurso al mundo musulmán en junio, Clinton subrayó la necesidad de fortalecer la tolerancia y el respeto entre las diferentes comunidades como garante de estabilidad.
El informe apunta de nuevo a Birmania, China e Irán como los países que cometen "severas violaciones" contra la libertad religiosa, junto con otros como Sudán, Eritrea, Corea del Norte, Arabia Saudí y Uzbekistán.
El informe destaca que la libertad religiosa es "ampliamente respetada" en América Latina, con excepción de Cuba, y también hace referencia a las trabas que pone Venezuela a que algunos misioneros extranjeros accedan a las zonas indígenas.
EE.UU. señala que a pesar de que la Constitución cubana reconoce el derecho de los ciudadanos a profesar la fe que quieran con "respeto a la ley", el Gobierno "sigue imponiendo" restricciones y el Ministerio del Interior vigila las instituciones religiosas, que deben registrase obligatoriamente en el ministerio de Justicia.
En el caso de Venezuela, reconoce que el Gobierno "generalmente" respeta la libertad de culto, aunque los grupos religiosos, "al igual que otros que critican al Gobierno", pueden ser objeto de "acoso" e "intimidación" y recuerda las críticas del presidente venezolano, Hugo Chávez, a los obispos católicos y al Nuncio Apostólico.
En clave positiva, el informe señala los avances que han hecho algunos países como Brasil, que ha abierto una línea telefónica para recoger las denuncias por discriminación religiosa, y otras iniciativas internacionales, como el primer seminario sobre Antisemitismo, que se celebró en la capital española.
El informe destaca, no obstante, que los mayores abusos se produjeron en algunos países con "estrictos regímenes autoritarios" que quieren controlar las religiones como parte de un mayor control de la vida civil.
Así ocurre en Birmania, donde ser budista continúa siendo un requisito para ser promocionado en la Administración.
EE.UU. denuncia que el Gobierno birmano mina "sistemáticamente" los esfuerzos de los monjes budistas de promover los derechos humanos y la libertad política y recuerda que muchos de los monjes y detenidos en septiembre de 2007 en las revueltas a favor de la democracia siguen en prisión.
En el caso de China, la Constitución protege las "actividades religiosas normales" y bajo ese adjetivo las autoridades tienen un amplio margen para decidir lo que es "normal".
El Gobierno se opone a la lealtad a los líderes religiosos de otros países y regiones como el Papa y el Dalai Lama, y el informe subraya la "severa" represión a los tibetanos y los uigures, alegando extremismo religioso e incluso terrorismo.
Irán, país con el que EE.UU. no tiene relaciones diplomáticas desde 1979, es una nación islámica en la que rige la sharia (ley islámica). Su Constitución indica que respeta a otros grupos de esta religión y los cristianos y judíos están "protegidos" como minorías.
Sin embargo, en la práctica, la retórica y la acciones del Gobierno de Mahmud Ahmadineyad "crean una atmósfera de amenaza" para los grupos no chiítas, en particular para los musulmanes sufís, los cristianos evangélicos y los judíos, quienes son intimidados y perseguidos.
Ahmadineyad "continúa con sus violenta campaña antisemita, cuestionando la existencia y alcance del holocausto", señala el informe.
Sudán, también regido por la ley islámica, es un país dividido entre el norte, de mayoría musulmana y donde los católicos continúan sufriendo represión, y el sur, más permisivos.
En el caso de Corea del Norte el informe señala que la libertad religiosa "no existe" y no hay ningún cambio respecto al informe anterior sobre el "extremadamente" bajo nivel de respeto por la libertad religiosa.
El Gobierno norcoreano "restringe severamente" toda actividad religiosa, excepto la "estrictamente" revisada por el Gobierno, que mantiene entre 150.000 y 200.000 personas encerradas en campos de trabajo en áreas remotas del país, algunas por razones religiosas.
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