Buenos Aires.- La supuesta financiación de "grupos de choque" desató hoy una nueva polémica entre el oficialismo y la oposición en Argentina, en momentos en que algunas voces advierten sobre el aumento del clima de violencia.
La Defensoría del Pueblo de Buenos Aires reclamó hoy junto con organizaciones y legisladores que el Gobierno de la capital, encabezado por el conservador Mauricio Macri, disuelva la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), un organismo estatal que comete, alertaron, "graves violaciones a los derechos humanos".
"Integrantes de la UCEP llevaron adelante acciones abusivas" contra personas, entre ellas varios indigentes, para que desalojaran lugares públicos, según se desprende de un informe presentado por la Defensoría y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otras entidades.
El documento está basado en al menos 14 denuncias recibidas por el defensor del Pueblo, datos provistos por la administración de Buenos Aires y solicitudes de informes cursados por legisladores porteños ligados al Gobierno de Cristina Fernández, precisó la Defensoría en un comunicado.
"Lo que resume al grupo de choque macrista son las consecuencias que vivimos actualmente en la ciudad de Buenos Aires: el espionaje es lo común, como forma de política pública contra los pobres", sostuvo a medios locales el diputado electo Francisco Nenna, cercano al Gobierno nacional y contrario a la administración de Macri.
El informe, presentado hoy en una rueda de prensa, concluye que la UCEP actúa como "una fuerza parapolicial para amedrentar, estigmatizar, reprimir y echar de la ciudad a las personas que se encuentran en las peores condiciones de vulnerabilidad social".
Las denuncias sobre este grupo coinciden con la solicitud de información que aprobó ayer el Senado de la Nación para que el Ejecutivo explique cuánto dinero gira a organizaciones sociales de la provincia norteña de Jujuy tras el ataque con golpes e insultos que sufrió el pasado fin de semana el senador Gerardo Morales, líder de la opositora Unión Cívica Radical (UCR) en ese distrito.
Morales culpó a una organización "piquetera" de las agresiones y aseguró que es "un grupo violento" financiado "por el Gobierno" cuya líder, Milagro Sala, está ligada a Cristina Fernández y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner.
El jefe de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, coincidió en "la preocupación por la violencia" a raíz del ataque al legislador, pero negó que el Gobierno financie a "estas organizaciones para que persiga opositores y se constituyan grupos armados en el país".
En el pedido de informes, los senadores reclamaron además a las autoridades que detallen si alguno de los miembros de la organización está autorizado a portar armas.
"Cada día nuestro país vive un clima más enrarecido. No hay día que no se viva un hecho de violencia", advirtió hoy el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri.
También el titular de la Pastoral Social, Jorge Casaretto, manifestó ayer su "preocupación" por el clima de violencia que denuncian sectores de la oposición.
"Es una realidad ficticia", rechazó el jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, al ser consultado sobre una supuesta escalada de violencia en el país.
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