Santiago de Compostela.- José Álvarez, ex presidente de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (SOGAMA), presentará una querella criminal contra el portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, y el secretario general del partido y conselleiro de la Presidencia, Alfonso Rueda, informaron a Efe fuentes jurídicas que preparan la iniciativa.
La demanda, por calumnias e injurias graves, que se presentará "mañana o el lunes", se basa en recientes declaraciones publicadas en las que los querellados denuncian irregularidades en el equipamiento de la sede de la Sociedad en Santiago de Compostela.
Las acusaciones del PP, que se dirigen al secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, como anterior conselleiro de Medio Ambiente, Consellería de la que depende SOGAMA, fueron reiteradas hoy en comunicado de prensa por el portavoz del PPdeG, Rodriguez Miranda, quien afirma que "Vázquez sigue sin aclarar a quien le regaló 200.000 euros de todos los gallegos por los sobrecostes de SOGAMA".
Álvarez era presidente de SOGAMA cuando se aprobó "por unanimidad" del consejo de administración la compra del local y, "también por unanimidad", su ordenación y equipamiento.
Las fuentes citadas explicaron que la sociedad pertenece a la Xunta en un 51 por ciento y a Unión Fenosa en el 49 restante.
En cuanto al concurso de obra y acondicionamiento interior del local, explicaron que se habían presentado ocho empresas y fue adjudicado a Construcciones La Rosaleda S.L. "después de recabar el informe de evaluación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG)".
Agregaron que, en el proceso, el COAG estimó tres propuestas para recabar información complementaria y, tras la consulta, aconsejó la ganadora.
Posteriormente, la adjudicación fue "aprobada por unanimidad" por un importe de 531.425 euros, 616.453 con IVA.
En opinión de las fuentes jurídicas consultadas, "las acusaciones vertidas por los señores Rueda y Miranda fueron con el único fin e intención de desprestigiar la labor desempeñada por José Álvarez y utilizar dichas falsedades en el combate político, del que él no es parte, ni tampoco el resto de miembros del consejo de administración, del que también formaban parte los consejeros en representación de Unión Fenosa".
Álvarez, a través de sus abogados, lamenta "la actual utilización de mecanismos públicos, entre ellos, la utilización de informes de arquitectos de la Xunta realizados con criterios puramente subjetivos para amparar falsedades en beneficio del partido que en estos momentos ostenta la Xunta".
Por ello, cree que se trata de una "clara desviación de poder", cuando todo el trámite de adjudicación -reitera- fue amparado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, "de contrastada objetividad y aprobado por la unanimidad de todos los miembros del consejo de administración, del que formaban parte tanto la Xunta como Unión Fenosa".
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