BOGOTÁ.- La Fiscalía colombiana reveló este lunes la existencia de una red formada por 14 civiles y tres batallones militares, acusada de asesinar a al menos 85 hombres y presentarlos como supuestos fallecidos en combates contra el Ejército del país, los denominados 'falsos positivos'.
Los integrantes de la red, conocidos como 'reclutadores', mantenían vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo y establecían el contacto con el estamento militar a través de los miembros de Inteligencia de los batallones G2, B2 o S2, que "posteriormente presentaban esos reclutadores a los oficiales comandantes de las unidades tácticas", según informan los investigadores del caso.
En un documento divulgado por Caracol Radio, la Fiscalía distingue dos situaciones relacionadas con las unidades militares involucradas en ejecuciones extrajudiciales: los uniformados que tenían conocimiento del proceso de reclutamiento y, por tanto, sabían que las personas asesinadas iban a ser identificadas como bajas en combates y aquellos que participan en los supuestos combates sin tener conocimiento de lo que realmente ocurría.
Los 'reclutadores' emplearon distintas estrategias para captar a sus víctimas. "Los diferentes batallones contraguerrilleros recibían la información por parte de reinsertados o habitantes en calidad de informantes de la región, quienes señalan a los ciudadanos de la zona rural como milicianos, guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla", indica el documento.
En otros casos, "las víctimas de los falsos positivos fueron sacadas mediante engaños de las zonas urbanas para luego ser ultimadas y reportadas como bajas en los operativos adelantados en zonas rurales", recoge el informe.
Asimismo, esta red ofrecía a sus víctimas distintos puestos de trabajo en las regiones de las que eran oriundas. Por lo general, para integrarse como miembros de organizaciones ilegales o escoltas de camiones dedicados al transporte de explosivos para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En menor medida, también se ofrecían puestos de trabajo en actividades lícitas como la vigilancia de fincas rurales, labores agrarias o descarga de camiones.
Además, la Fiscalía investiga una variación del comportamiento de la trama en los LLanos Orientales, donde las labores de captación y los posteriores informes de los supuestos caídos en combates procedían de unidades militares, sin la participación de ningún civil, como era habitual. Asimismo, el documento recoge que los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en zonas de influencia de grupos guerrilleros, como Vistahermosa, Puerto Rico, Mesetas, El Castillo y Lejanías.
El proceso de reclutamiento se concentró en los barrios marginales de las ciudades de hasta 12 departamentos como Sucre, Atlántico, Magdalena, Santander, Guajira, Risaralda, Meta, César, Huilda, Caldas, Boyacá y varios de la región oriental. En cuanto al perfil de las víctimas que captaban, eran jóvenes de entre 12 y 30 años, desmovilizados del paramilitarismo, campesinos, desempleados, indigentes, drogadictos o con algún tipo de problema físico o mental.
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