Málaga.- El abogado del ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca, José Aníbal Álvarez, ha asegurado hoy que en dicho consistorio todo se hacía bajo las órdenes del ex regidor Jesús Gil, ya fallecido, que fue además quien diseñó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Álvarez ha asegurado durante su intervención en la vista de apelaciones al auto de procesamiento del "caso Malaya" que su cliente "ni ordenó ni diseñó el plan general" y que en Marbella "no se movía nada" sin el visto bueno de Jesús Gil.
Además ha destacado que era ilógico pensar que todo un consistorio fuese movido por una persona que "ni era político ni se presentó a las elecciones, no tenía cargos de gobierno".
Para este letrado, su cliente ha sufrido una clara indefensión y argumenta que todas las acusaciones que pesan sobre él se basan en el resultado de las declaraciones que "bajo presión" consiguieron de los detenidos después de que permanecieran 72 horas arrestados antes de comparecer ante el juez.
Ha criticado "el linchamiento mediático" y "los juicios de valor" y ha defendido las sociedades creadas por Roca, que, a su entender, cumplían con la legalidad, pagaban a Hacienda y recibían créditos de entidades bancarias.
Álvarez ha arremetido contra la instrucción por la falta de rigor al no precisarse los periodos en los que supuestamente se cometieron los delitos y al afirmar que todo se basa en iniciales y acrónimos.
El letrado del ex alcalde Julián Muñoz, Ignacio Prieto, ha cuestionado la falta de motivación del auto de procesamiento, y ha asegurado que las decisiones urbanísticas se tomaban entre Jesús Gil y Juan Antonio Roca.
Prieto ha criticado que se mantenga la acusación contra su cliente cuando el propio Juan Antonio Roca ha negado que haya realizado algún pago a Julián Muñoz.
Este abogado ha afirmado que su cliente nunca perteneció al entramado del ex asesor de Urbanismo, y ha recordado que fue desbancado con una moción de censura de la alcaldía.
Por su parte, el defensor de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, Pablo Luna, ha reprochado la falta de precisión en las acusaciones y ha aludido al "maremagnum de investigación", en un proceso sujeto a la indefensión y por tanto sujeto a la nulidad de las actuaciones.
En las próximas dos semanas la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga afronta los 62 recursos de apelación interpuestos contra el auto de procesamiento del caso Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.
Tras los ex responsables municipales se estudiarán los recursos de los empresarios imputados, entre los que se encuentran los principales responsables de la promotora Aifos.
La siguiente semana se verán los recursos de algunos imputados acusados principalmente de blanqueo de capitales, varios abogados y presuntos testaferros de Roca y más tarde el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, varios empresarios y marchantes de arte.
El 30 de octubre la Sala tiene previsto que el ministerio público y las acusaciones particulares expongan sus argumentos ante el tribunal.
Estos recursos se afrontan después de que el juez del caso, Óscar Pérez, desestimara la mayoría de los recursos de reforma presentados por 66 procesados en la causa contra el auto de procesamiento dictado por el anterior instructor, Miguel Ángel Torres, en julio de 2007, en el que procesaba a un total de 86 personas.
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