Un juez acusa a los guardias civiles de articular una investigación inquisitorial en el caso Isadora

Madrid.-  El titular del Juzgado número 6 de Madrid, que ha archivado el caso contra la clínica Isadora al no haber el "más mínimo indicio" de que practicara abortos ilegales, acusa a los agentes de la Guardia Civil que participaron en el caso de articular una investigación inquisitorial y manipular la realidad.

Así lo indica el juez Ramiro García de Dios en el auto, dictado el 15 de octubre, en el que archiva el caso y en el que declara el derecho de la clínica y de tres de sus médicos a emprender las acciones penales que estimen oportunas contra los miembros de la Guardia Civil del Seprona por su actuación.

El juez asegura que el derecho a la intimidad de un buen número de mujeres fue "devastada" porque fue desvelado "algo tan íntimo" como el derecho a la interrupción del embarazo, por lo que se procederá a la destrucción de todos sus datos.

En toda la investigación de la Guardia Civil, dice el auto, no existe el más mínimo indicio de que en la citada clínica se practicara un solo aborto fuera de los casos permitidos por la ley y sostiene que la actuación de los agentes se sustentó sobre "meras sospechas subjetivas carentes de todo fundamento, y ello cuando menos, combinada con una rechazable técnica inquisitorial".

El juez también acusa a los agentes que intervinieron de olvidar "palmariamente" que el Estado constitucional y democrático de Derecho se configura por someter a severas restricciones el poder de los agentes públicos que actúan en los procesos penales.

Desde el 16 de febrero de 2007 se articuló una investigación por el Seprona de Madrid "carente del más mínimo fundamento, mediante insinuaciones sesgadas y manipulación de la realidad, de modo cuando menos oblicuo y torticero" para dar una apariencia delictiva, asegura el auto que cita expresiones de los agentes que son expresión de su "artificialidad y arbitrariedad".

La investigación "inquisitorial" de estos guardias civiles -agrega- entró en la esfera del derecho fundamental a la intimidad de un buen número de mujeres que libremente habían ejercido el derecho a la práctica del aborto y que se vieron abocadas a declarar como testigos en declaraciones en las que incluso se les hizo fotocopia de sus documentos de identidad.

Por ello, el juez considera que su esfera del derecho a la intimidad "fue arrasada o desvastada" ya que algo "tan íntimo" como es el derecho a la interrupción del embarazo "ha sido desvelado".

El magistrado atribuye también a los guardias civiles una "tremendista puesta en escena" con la que trataban de crear una "impresión deformada" de la realidad "reconduciendo artificialmente la investigación mediante la insidia" de que una de las doctoras imputadas no era psiquiatra o que hacía informes falsos.

También expresa su preocupación por la aparición en el caso de una serie de "denominados" partidos políticos o asociaciones pro-vida que pretendieron personarse como acción popular, lo que consiguió el partido Alternativa Española, y se pregunta "quién comunicó a tales entidades la existencia de las diligencias o quién las animó o excitó al ejercicio" de acciones penales.

En este sentido, el magistrado indica que una vez más la acción popular se revela como carente de una rigurosa configuración legal que evite su "uso espurio", lo que puede tener -advierte- consecuencias "desoladoras".

En este caso, explica, bajo el "paraguas" del ejercicio de la acción popular se han vertido gravísimas afirmaciones contra la clínica Isadora y los médicos imputados.

Además del archivo, el juez anuncia que cuando la sentencia sea firme se procederá a la destrucción de todas las fotografías de fetos que obran en la causa, al tachado de todos los datos identificativos de las mujeres que declararon como testigos y el borrado y destrucción de los mismos en los archivos informáticos de la Guardia Civil.