MADRID.- La Comisión Europea acusó hoy al Gobierno de Berlín de haber favorecido ilegalmente, con la promesa de ayudas públicas, la oferta de la empresa canadiense Magna para hacerse con el control de Opel. El motivo es que esta oferta beneficiaba a las plantas alemanas en detrimento de las de otros países como España, Bélgica o Reino Unido.
El Ejecutivo comunitario ha detectado "indicios importantes" de que el paquete de ayudas prometido por el Gobierno alemán para la nueva Opel, por valor de 4.500 millones de euros, "estaba condicionado de facto a la selección de un postor determinado, Magna". Además, estas subvenciones estaban supeditadas a "un plan de negocios previamente discutido y acordado con las autoridades alemanas, en particular por lo que se refiere a la distribución geográfica de las medidas de reestructuración", explicó la Comisión en un comunicado.
Bruselas cree que esta condición ha afectado a la decisión adoptada por General Motors de vender la mayoría de las acciones de la nueva Opel a Magna y a su socio, el banco ruso Sberbank, "dejando fuera así planes alternativos que preveían una reestructuración diferente de las medidas de reestructuración dentro de la UE".
La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, ha escrito una carta al ministro alemán de Economía, Karl Theodor zu Guttenberg, en la que le transmite sus "preocupaciones" y le avisa de que esta condicionalidad es "incompatible con el Tratado y con las reglas europeas sobre ayudas de Estado y sobre el mercado interior".
Kroes pide al Gobierno alemán que permita a General Motors repetir el proceso de venta de Opel proporcionándole garantías firmes de que el paquete de ayudas se concederá "independientemente del inversor o del plan industrial que resulte elegido, para garantizar la viabilidad a largo plazo de la nueva Opel, y sujeto a condiciones de financiación razonables".
En su carta, la comisaria de Competencia recuerda al ministro de Economía alemán que las ayudas públicas que se concedan a Opel deben servir para afrontar los problemas provocados por la crisis económica y financiera, y "no pueden usarse para imponer obligaciones políticas por lo que se refiere a la localización de las actividades de producción dentro de la UE".
El Ejecutivo comunitario da así la razón a los Gobiernos de España, Bélgica y Reino Unido, que habían denunciado que el Gobierno alemán favoreció la oferta de Magna sobre Opel pese a que su plan industrial no era el mejor porque beneficiaba a las plantas alemanas.
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