Washington.- Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que el Gobierno de facto de Honduras obstruye las investigaciones que la Fiscalía General de ese país lleva a cabo sobre presuntas violaciones de los derechos humanos desde el golpe de Estado.
En un comunicado, HRW pidió a la comunidad internacional que apoye "firmemente los esfuerzos de los fiscales de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía General por investigar abusos cometidos en Honduras por la fuerza pública".
Esta organización también instó a los países a oponerse a cualquier posibilidad de amnistía para las violaciones de derechos humanos como parte del acuerdo que se negocia en Honduras para restablecer la democracia.
HRW indica que desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio, que derrocó a Manuel Zelaya, la unidad de derechos humanos de la Fiscalía ha comenzado a investigar numerosos casos de asesinatos, el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad y detenciones ilegales y arbitrarias.
La organización afirma que los esfuerzos de esa unidad son bloqueados por la resistencia de sus superiores en la Fiscalía, así como por varios actos de obstrucción, que incluyen amenazas directas, por parte de miembros de la fuerza pública.
"Si a alguien le quedaban dudas sobre el daño que el golpe ha provocado a las instituciones democráticas de Honduras, estos casos lo demuestran claramente", afirmó José Miguel Vivanco, director para América Latina de HRW.
"Al obstruir las investigaciones judiciales, la fuerza pública se está burlando del estado de derecho", agregó.
Un representante de HRW visitó Honduras este mes y documentó los graves obstáculos que han enfrentado los fiscales de la unidad de derechos humanos en el curso de sus investigaciones, indicó.
En varios casos, las fuerzas de seguridad han tomado medidas destinadas a obstruir las investigaciones.
HRW señala que, independientemente del resultado de las negociaciones llevadas a cabo esta semana entre Zelaya y el gobierno de facto, "la comunidad internacional debe expresar su firme apoyo a la unidad de derechos humanos de la Fiscalía en su investigación de los presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad".
"En las discusiones entre el Presidente Zelaya y el gobierno de facto, la justicia por las violaciones de derechos humanos no puede ser un tema sujeto a negociación", afirmó Vivanco.
Los países deberían además "ejercer presión" sobre el gobierno de facto para que ordene a las fuerzas de seguridad que cooperen de manera plena y oportuna con los fiscales de la unidad de derechos humanos mientras llevan a cabo sus investigaciones, señaló.
"Sin el firme apoyo de la comunidad internacional, es probable que estas investigaciones no prosperen debido a todos los obstáculos que se les están presentando", concluyó.
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