Murcia.- Los líderes regionales de UGT y CCOO han pedido hoy al Gobierno de Murcia "que deje de dar palos de ciego, de improvisar y de hacer malabarismos políticos" para paliar la crisis económica, al tiempo que han exigido una ley de participación institucional y la renegociación del plan estratégico 2007-2012.
En rueda de prensa, Antonio Jiménez, de UGT, y Daniel Bueno, de CCOO, se han mostrado partidarios de que en los presupuestos generales de la comunidad de Murcia para 2010 haya un reflejo claro de partidas destinadas a cumplir los objetivos del pacto por la educación consensuado por el Gobierno, los sindicatos y la patronal.
El documento que han defendido recoge 42 propuestas en ocho ámbitos de actuación, que harán llegar tanto al Ejecutivo autonómico como a partidos políticos, instituciones, organizaciones y municipios, entre las que destaca la elaboración de una ley de participación institucional que homegeneice y haga permanente el diálogo social abierto en todos los marcos de negociación actuales.
Al margen de lo que pueda decidirse en el ámbito nacional, los sindicatos piden que en la región de Murcia, donde en la actualidad está bloqueada la negociación de cuatro de cada diez convenios colectivos, se avance en la resolución de los conflictos laborales, a ser posible por la vía extrajudicial, que debe ir ganando terreno.
Descendiendo a lo concreto, Bueno destacó el anacronismo de que aún exista la categoría laboral de peón mulero y la asincronía entre esas categorías y la cualificación profesional exigida, así como la ausencia de regulación de la promoción de puesto de trabajo.
Entre los incumplimientos de los pactos subrayados por ambos dirigentes, destaca que, a pesar de que la Asamblea Regional la aprobó en febrero de 2007, en la actualidad esta región es la única de España que no cuenta con renta básica de inserción.
A este respecto, la portavoz del Ejecutivo murciano, María Pedro Reverte, ha dicho hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que esta renta ya se está pagando y que incluso se incrementará su cuantía en breve.
Fuentes de la consejería de Política Social han indicado a Efe que actualmente la Renta Básica de Inserción oscila entre los 70 y los 682 euros mensuales "dependiendo de la situación de cada beneficiario", y que con la nueva ley las ayudas se situarán entre 79 y 791 euros.
Bueno ha hecho público su "hartazgo" de la discusión sobre si el responsable de que el sistema de atención a la dependencia no funcione a pleno rendimiento es el Gobierno central o el autonómico, cuando lo que se necesita es que genere empleos, por lo que ha considerado que se debería reorientar hacia ese objetivo, en lugar de emplear la mayor parte del presupuesto en pagar prestaciones.
Respecto al pacto por la estabilidad en el empleo, cuyo segunda entrega se consensuó para el período 2006-2010, los sindicatos exigen que no se espere hasta el próximo año para renegociar un tercero, puesto que las condiciones del mercado de trabajo cuando se firmó eran radicalmente distintas a las de hoy, pues, desde enero de 2008, se ha duplicado la cifra de parados en la región de Murcia.
Otros de los objetivos concretos destacados por Jiménez y Bueno son la conversión de las horas extraordinarias en nuevos puestos de trabajo y la concesión de ayudas a los propietarios de las 40.000 viviendas vacías existentes en la Región para que las pongan en alquiler, en lugar de orientar todos los esfuerzos presupuestarios del Gobierno de Murcia a la compra de casas, a sabiendas de las dificultades para que los bancos concedan préstamos hipotecarios.
Lo primero, según Bueno, es la protección social de los más desfavorecidos, la creación de empleo y el desarrollo de una economía alternativa, uno de cuyos campos debería ser el de las energías renovables, donde se aúnan la investigación, la mejora de la competitividad empresarial y la generación de tejido productivo y de puestos de trabajo cualificados.
En resumen, los sindicatos han exigido un cambio profundo del modelo productivo, la mejora de las relaciones laborales a través del diálogo social y medidas efectivas en política social, educación, formación, vivienda, empleo, medio ambiente, energía, investigación e innovación.
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