Bruselas.- La ley que otorga poderes especiales al Gobierno belga en caso de agravamiento de la pandemia de gripe A, criticada por algunos sectores por la posibilidad de que considerara la vacunación obligatoria de los ciudadanos, incluirá una enmienda que descarta esta posibilidad, según informan hoy los medios belgas.
El Parlamento belga aprobó ayer un proyecto de ley que concede al Ejecutivo competencias que normalmente corresponden al Legislativo con vistas a agilizar la toma de decisiones en caso de extensión de la epidemia de nueva gripe en el país, un texto que ha sido respaldado hoy por el Senado.
La ley facilitará los trámites necesarios para movilizar a personal médico en caso de alerta sanitaria o para la distribución masiva de medicamentos, aunque según denunciaron algunos partidos y asociaciones cívicas, podría atentar contra la libertad de los ciudadanos para elegir si quieren o no vacunarse contra la gripe A.
De forma paralela a la adopción del texto, la comisión de Sanidad de la Cámara de Diputados aprobó ayer una enmienda en la que se precisa que la vacunación no será obligatoria en ningún caso.
La ministra belga de Sanidad, Laurette Onkelinx, expresó su apoyo a la enmienda, aunque señaló que cada vez que se habla de vacunación "resurgen fantasmas" como "el complot internacional" o el "genocidio programado", miedos que se amplifican al difundirse por Internet.
Onkelinx subrayó que las vacunación se llevará a cabo en consultas médicas, circunstancia que contribuirá a "tranquilizar" a los ciudadanos ya que la aplicación de las inyecciones se acompañará "con un diálogo entre médico y paciente".
Por su parte, la asociación cívica Iniciativa ciudadana critica que la ley haya sido redactada "demasiado rápido" y la tacha de "liberticida", e incluso ha iniciado acciones judiciales contra el Ejecutivo ante un tribunal civil de Bruselas.
Los demandantes consideran que, debido "al carácter experimental" de la vacuna contra el nuevo virus y la falta de informaciones por parte de las autoridades sanitarias acerca de los riesgos que corren las personas que se vacunen, el Estado belga "atenta contra el derecho fundamental (de los ciudadanos) a la integridad física".
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