Estrasburgo (Francia).- El Consejo de Europa hizo público hoy un informe de evaluación sobre la corrupción en Italia en el que recomienda "elaborar un código de conducta para los miembros del Gobierno" de Silvio Berlusconi, cuyo cumplimiento debería ser "obligatorio".
Según el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), de quien emana el informe, el citado código debería incluir "restricciones razonables en materia de aceptación de regalos", que no sean los ligados al protocolo.
Esta es una de las 22 recomendaciones que el Greco hace a Italia en materia de lucha contra la corrupción, "un fenómeno habitual y generalizado que afecta a la sociedad italiana en su conjunto" y en especial al urbanismo, al tratamiento de residuos, a las licitaciones y concursos públicos y al sector de la sanidad, constata.
El informe también centra su atención en la ley de inmunidad para los cuatro cargos más importantes del Estado, conocida como "Laudo Alfano", que supuso la suspensión de dos procesos judiciales contra Berlusconi, pero que fue declarada inconstitucional la semana pasada por el Tribunal Constitucional.
El GRECO, en este documento que había sido adoptado antes de conocerse el dictamen del constitucional, propone incorporar en esa ley ahora invalidada disposiciones "que permitan reanudar los procedimientos penales suspendidos", y que el texto no impida los procesos judiciales por delitos de corrupción.
Considera que esa disposición legislativa, aprobada sólo ocho semanas después de que Berlusconi llegara al Gobierno, derogaba "el principio fundamental de igualdad ante la ley", al aplicar una "inmunidad absoluta" al presidente de la República, al primer ministro y a los dos presidentes de las cámaras parlamentarias, ya que no contempla casos en los que no se pueda invocar la inmunidad.
El organismo del Consejo de Europa también recomienda que el Servicio Anticorrupción y por la Transparencia italiano (SAeT) elabore una política contra la corrupción con el fin de prevenir, detectar, investigar y perseguir los delitos de corrupción, y que se re-examine la legislación para garantizar su conformidad con el Convenio Penal sobre la corrupción.
Para evitar conflictos de intereses en el ejercicio de cargos públicos, el GRECO pide que se adopten "reglas claras y obligatorias", y anima a la divulgación del patrimonio de los cargos públicos "más expuestos a los riesgos de conflicto de intereses".
Asimismo, recomienda prohibir que una persona condenada por un delito grave de corrupción pueda ocupar un puesto de dirección en una empresa.
El Greco, al que pertenecen 47 de los 49 Estados del Consejo de Europa (todos salvo Liechtenstein y San Marino), tiene previsto examinar la puesta en marcha efectiva de sus recomendaciones por Italia en el segundo semestre de 2011.
Con la elaboración de informes de evaluación, este organismo pretende mejorar la capacidad de sus países para luchar contra la corrupción y sugerir las reformas legislativas e institucionales que sean necesarias.
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