Bogotá.- Diversos sectores en Colombia confiaron en que se superen los escollos creados por la decisión de un juez ecuatoriano de ordenar la captura del máximo comandante militar colombiano, el general Freddy Padilla, hecho que calificaron hoy como una "agresión jurídica" y de "actitud sumamente hostil".
El senador Manuel Enríquez, presidente de la comisión encargada de las relaciones internacionales en el Congreso, dijo a Efe que se trata de un desconocimiento del juez ecuatoriano Francisco Ravelo sobre cómo se debe manejar el tema de la "extraterritorialidad de la justicia", al igual que lo recordó hoy el canciller Jaime Bermúdez.
"Además, me parece que el juez desconoce algunos presupuestos de las Naciones Unidas (ONU) y de la misma Organización de Estados Americanos (OEA), en donde los países están obligados a cooperar en la lucha contra el terrorismo", dijo el legislador.
Enríquez, un senador colombiano de la zona fronteriza, se refería así a la orden de captura preventiva emitida contra Padilla por el bombardeo del 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano, en el que fue abatido el jefe rebelde Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes".
Una fuente de la corte de Sucumbíos confirmó hoy a Efe que el pasado 24 de septiembre el juez tercero de lo penal de esa jurisdicción, Francisco Revelo, ordenó la prisión preventiva contra el general colombiano, acusado de un delito "contra la vida", a petición del fiscal provincial, Carlos Jiménez.
Además de la prisión preventiva, Jiménez solicitó al juez Revelo que tramite una orden de extradición, pero -según la fuente ecuatoriana- el tribunal aún no ha decidido enviar la petición a la Corte Nacional de Justicia.
Durante la incursión militar en Ecuador "se actuó en legítima defensa para liberarnos a los colombianos de uno de los genocidas más grandes que ha tenido el país, y me parece que es desproporcionada la medida de la orden de captura", afirmó Enríquez.
El legislador se declaró confiado en que, por las recientes declaraciones del Gobierno de Ecuador, se puedan superar los escollos, y dijo que se debe diferenciar el tema del restablecimiento de las relaciones diplomáticas del eminentemente judicial.
"Esperamos que se siga cumpliendo esa hoja de ruta que se trazó en Nueva York por parte de los dos cancilleres", agregó.
La determinación de la justicia ecuatoriana supone un nuevo y tenso capítulo en las relaciones entre Bogotá y Quito, que los dos Gobiernos intentan recomponer mediante "una hoja de ruta", fijada en Nueva York y luego en Ipiales (Colombia).
La agenda preveía para mañana una reunión de la Comisión de Seguridad bilateral en Ibarra (Ecuador) que fue suspendida a petición del Gobierno de Colombia, que consideró "una agresión jurídica" la decisión del juez ecuatoriano de dictar prisión preventiva al general Padilla.
El ministro colombiano de Defensa, Gabriel Silva, indicó que el Gobierno de Ecuador se ha comportado de una manera "que da confianza para avanzar y, ahora, vienen estos escollos y, finalmente, como dice la Biblia, por sus actos los conoceréis", afirmó.
La posición de Colombia, dijo, ha sido clara desde que la justicia ecuatoriana ordenó la captura del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien estaba en ese cargo en el momento del bombardeo, y que no se ahorrarán esfuerzos para proteger a los funcionarios y ex funcionarios colombianos.
El analista y experto en relaciones internacionales Vicente Torrijos, de la Universidad del Rosario, señaló a Efe que Ecuador debe demostrar, "no de manera retórica sino contundente", su compromiso en la lucha contra el terrorismo y realizar operaciones destinadas a acabar con el tráfico de armas, drogas y explosivos.
El internacionalista añadió que los objetivos del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, son los mismos que los del mandatario venezolano, Hugo Chávez, pero desde una perspectiva más diplomática.
"Tratan de afectar sensiblemente al Gobierno colombiano y a sus principales figuras. Eso con la mira puesta en afectar las elecciones presidenciales del año entrante en Colombia", buscando que llegue al poder "un Gobierno afín al socialismo del siglo XXI" que propugna Chávez, afirmó.
Explicó que la estrategia ecuatoriana es afectar al Gobierno de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla en el bombardeo del 1 de marzo, y atacarlo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las fumigaciones a narcocultivos en la zona de frontera.
"Y a través de la Fiscalía ecuatoriana emplazando a nuestros generales y nuestros ex ministros, desde todo punto de vista es una actitud sumamente hostil, solo que disfrazada por el manto de la diplomacia", agregó.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, rechazó anoche la decisión del juez ecuatoriano y confió en las gestiones diplomáticas de las cancillerías de Colombia y Ecuador para solucionar este nuevo "impasse" entre los dos países.
El Gobierno de Ecuador también ha mostrado su interés en seguir avanzando en el proceso de acercamiento a Colombia, que comenzó en septiembre pasado en Nueva York y que está auspiciado por la OEA y el Centro Carter.
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