La ONU dice que la debilidad judicial dificulta acabar con la impunidad en Guatemala

Naciones Unidas.-  El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró hoy que la debilidad del aparato judicial de Guatemala dificulta los esfuerzos por acabar con la impunidad de que gozan las organizaciones criminales en el país centroamericano.

Ban asegura en un informe a la Asamblea General del organismo que la falta de independencia con la que actúan los jueces es uno de los principales problemas que afronta la lucha contra la delincuencia.

"Algunos jueces parece que están sujetos a influencias externas, en detrimento de la justicia", afirma el secretario general en el informe, en el que analiza la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Indica que éste órgano de Naciones Unidas ha logrado avances considerables en campos como la investigación y procesamiento de casos criminales, así como la adopción de importantes reformas legales.

"La Comisión ha logrado contribuir a despertar la conciencia de la población guatemalteca sobre la necesidad de poner fin a la impunidad", apunta.

Al mismo tiempo, resalta que la labor de la Cicig se ha visto dificultada por los problemas internos del poder judicial del país, de los que cita varios ejemplos.

Entre ellos destaca el de un magistrado que ordenó la liberación tras el pago de una modesta fianza de cuatro sospechosos de pertenecer al grupo de narcotraficantes mexicanos de "Los Zetas", a los que también les desestimó 10 de los 12 cargos que afrontaban.

También menciona la negativa de una jueza a la petición de la Cicig de personarse como investigadora complementaria en el caso de corrupción del ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004).

La decisión de la magistrada Leticia Valenzuela fue posteriormente revocada, y la Comisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha interpuesto una demanda en su contra por prevaricación y obstrucción a la justicia.

Ban reitera en el informe la propuesta de la Cicig de crear en la capital una instancia judicial especializada en "casos de alto impacto" para "proporcionar mayor seguridad a los jueces y asegurar fallos imparciales".

"La necesidad de este tipo de tribunales se ha demostrado evidente en casos que se han transferido repetidamente entre las instancias regionales y nacionales, ante la negativa de los jueces locales de atenderlas", observa.

El secretario general advierte que las organizaciones criminales explotan las "debilidades" del aparato judicial en localidades alejadas de ciudad de Guatemala.

Ban ya expresó su inquietud sobre la situación de la justicia en Guatemala el pasado 5 de octubre, cuando pidió al Congreso del país centroamericano que se asegure que los nuevos jueces que integrarán la Corte Suprema de Justicia sean juristas de "una competencia, independencia e integridad incuestionables".

El máximo responsable de la ONU se hizo eco en esa declaración de las dudas transmitidas por la Cicig y la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul de Albuquerque, sobre la reciente elección en el Congreso de los nuevos magistrados de la Suprema.

La Comisión es fruto de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Guatemala y la ONU en diciembre de 2006, que al año siguiente fue ratificado por el Parlamento de ese país pese a la oposición de algunos grupos políticos que la consideran una intromisión en la soberanía nacional.

Su misión es determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar con el Estado en su desarticulación y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.