Quito.- El fiscal general en funciones de Ecuador, Alfredo Alvear, afirmó hoy que la Fiscalía de la provincia de Sucumbíos no solo ha pedido la prisión contra el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Freddy Padilla, sino también su "extradición".
Alvear dijo al canal Ecuavisa que la Fiscalía de Sucumbíos solicitó la extradición del general porque, según esa instancia, Padilla, "junto al ex ministro de Defensa (de Colombia), Juan Manuel Santos, fueron los que ordenaron el ataque" del 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano.
En esa fecha, el Ejército colombiano bombardeó y después efectuó una incursión terrestre al enclave ecuatoriano de Angostura, en la selva Amazónica, donde la guerrilla de las FARC había instalado un campamento ilegal.
En esa operación fallecieron unas 26 personas, entre ellos el entonces "número dos" de las FARC, "Raúl Reyes", el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro universitarios mexicanos.
Una fuente de la corte de Sucumbíos indicó a Efe que en una audiencia de formulación de cargos, el pasado 24 de septiembre, el juez tercero de lo penal de esa jurisdicción, Francisco Revelo, ordenó la prisión preventiva contra Padilla, a petición del fiscal provincial, Carlos Jiménez.
El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia es acusado de un delito "contra la vida", en el denominado "caso Angostura", precisó la fuente.
Además de la prisión preventiva, el fiscal Jiménez solicitó al juez Revelo que tramite una orden de extradición, pero -según la fuente- el tribunal aún no ha decidido enviar la petición a la Corte Nacional de Justicia.
La implicación de Padilla en el caso que investiga la justicia de Ecuador provocó que Colombia suspendiera una reunión de la Comisión de Seguridad con Ecuador, prevista para el próximo viernes en la ciudad ecuatoriana de Ibarra, en el norte andino del país.
Ese encuentro formaba parte del proceso de diálogo directo que intenta recomponer las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde el 3 marzo de 2008, dos días después de la operación militar colombiana en territorio ecuatoriano.
Ecuador decidió romper los lazos con Colombia al considerar la incursión militar, sin permiso ni aviso, como una violación a la soberanía territorial ecuatoriana.
Las partes tenían previsto debatir en Ibarra sobre migración, crimen organizado, el impacto del crimen trasnacional, capacitación y cooperación en la lucha contra la delincuencia, cooperación en justicia y sobre la reactivación de la Comisión Binacional de Frontera (Combifron).
Sin embargo, tras la noticia de la implicación de Padilla en el caso Angostura, el Gobierno colombiano decidió suspender la cita, al considerar la acción judicial ecuatoriana una "agresión jurídica", en palabras del ministro de Defensa, Gabriel Silva.
Silva apuntó que esta decisión de la justicia ecuatoriana está "totalmente mediada por la política, por la politización, por el populismo y no tiene ninguna base jurídica".
Por su parte, el canciller ecuatoriano, Fander Falconí, reiteró que el Ejecutivo "no tiene ninguna capacidad de designar, intervenir, controlar o decidir sobre la Fiscalía" y que los dictados de la justicia de Sucumbíos son "una decisión autónoma".
"Desde el lado del Gobierno, tenemos una voluntad política de avanzar, de construir estos diálogos que estamos sosteniendo con Colombia, que permitan una normalización de las relaciones diplomáticas", insistió.
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