Caracas.- La Fiscalía venezolana prosiguió hoy con sus investigaciones penales sobre la represión estatal atribuida a la llamada IV República (1958-1999), con la exhumación de los restos de otras tres víctimas de un número total no establecido.
"Estas son tres de las aparentes veinte víctimas de la 'Masacre de Cantaura', restos que serán examinados por forenses para determinar cómo murieron, lo que eventualmente derivará en órdenes de captura para ofrecer así la justicia que se espera como respuesta del Estado", dijo a los periodistas el fiscal Juan Carlos Ochoa.
"Mañana se exhumarán otros dos cuerpos en el Cementerio del Este y otros 3 en la ciudad de Barcelona (oriente) el 23", detalló.
La diligencia se cumplió hoy en el Cementerio General del Sur, uno de los camposantos donde fueron sepultados los fallecidos el 4 de octubre de 1982 en un aparente ataque militar en Cantaura, en el oriente venezolano, a un campamento de activistas de izquierda.
"Los supuestos encargados de proteger a la población cometieron crímenes de lesa humanidad, el cadáver de mi hermano apareció acribillado a balazos, hay constancia de que las mujeres fueron violadas por funcionarios militares", dijo a Efe Henry Rafael Das, en el cementerio caraqueño.
"Esperamos que haya justicia.Tenemos confianza en que se lleve este caso hasta el final, caiga quien caiga, sabemos que hay gente muy comprometida que está actualmente en el país, inclusive en el Gobierno", agregó Das, hermano de uno de los activistas asesinados.
Los fiscales comenzaron el pasado 20 de septiembre el proceso de exhumación de un indeterminado número de cadáveres en el Cementerio General de Caracas con el propósito de identificarlos y cerrar otro de los capítulos siniestros de la época.
Los cuerpos son de personas que cayeron abatidas por las fuerzas del orden durante el "Caracazo", la rebelión popular que se registró a finales de febrero de 1989, pocos días después de que el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez asumiese la Presidencia.
Nunca se conoció el número exacto de muertos pues mientras el balance oficial habló de unos 300, organismos humanitarios elevaron esa cifra hasta más de 1.000.
Diez días después de esas exhumaciones, la titular de la Fiscalía, Luisa Ortega, informó que Venezuela había pedido a la Interpol la detención del ex presidente Carlos Andrés Pérez, por su supuesta responsabilidad en las muertes que dejó esa revuelta.
Pérez, que ha alternado su residencia en los últimos años entre Estados Unidos, República Dominicana y Costa Rica, gobernó en los períodos 1974-79 y 1989-93, unos de los últimos de la llamada IV República, caracterizado por la alternancia en el poder de socialdemócratas y democristianos.
Los socialdemócratas Pérez y Jaime Lusinchi (1984-1989) y el democristiano Rafael Caldera (1969-74 y 1994-99), los tres octogenarios, son los únicos que siguen con vida de aquella época.
En la presentación del libro "La Desaparición Forzada en Venezuela 1960-1969", hace tres años, el entonces vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, subrayó que ese tipo de práctica "no empezó en las dictaduras militares del Cono Sur americano, sino en gobiernos democráticos de Venezuela".
Las desapariciones sistemáticas de militantes izquierdistas se iniciaron, de acuerdo con Rangel, durante el gobierno del presidente socialdemócrata venezolano Raúl Leoni (1964-1969).
Rangel planteó entonces que "es impostergable" que se conozca el alcance de "esa guerra sucia, moratoria que conspira no sólo contra la memoria de los desaparecidos sino contra la plena vigencia actual del Estado de Derecho".
"Vamos a ir, sin odios, al fondo en esta investigación", advirtió al instar a seguir los ejemplos de Chile, Argentina y Uruguay, que investigaron sus respectivos casos y han perseguido a los culpables.
"Aspiro a que copiemos la experiencia del Sur. Estamos en mora con las víctimas de la represión de la IV República, sobre todo con los desaparecidos y sus familiares. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben jamás", subrayó Rangel en esa ocasión.
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