PALMA DE MALLORCA.- El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, encargado de las investigaciones en torno al caso Palma Arena, ha citado a declarar en calidad de imputado al ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, que deberá comparecer ante el juzgado el próximo 23 de marzo a partir de las 10.00 horas, así como a su esposa, María Teresa Areal, su cuñado y hermano de ésta, Fernando Areal (quien ya declaró como imputado), y al presidente de Gesa-Endesa, Bartomeu Reus.
Así consta en la providencia dictada por el magistrado que instruye las investigaciones sobre las presuntas irregularidades que rodean a la construcción del velódromo palmesano en la pasada legislatura del PP y que supusieron que su coste se disparase de los 48 millones inicialmente presupuestados a unos 110. En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) informó de que las citaciones de Matas y de su esposa, debido a que residen en el extranjero, se han hecho a través de su abogado, Rafael Perera.
Precisamente, el asistente legal de Matas comunicó a Castro, el pasado 13 de agosto, la predisposición del ex jefe del Ejecutivo balear a desplazarse desde Estados Unidos, donde reside en la actualidad, para prestar declaración ante el magistrado, al apuntar que su patrocinado no tiene "ningún inconveniente en aclarar cualquier punto sobre el que se le interrogue, dentro de una postura transparente y colaboradora con la Justicia".
Cabe recordar que fue el pasado 11 de septiembre cuando el magistrado decidió incorporar las investigaciones realizadas por la Fiscalía y la Agencia Tributaria sobre el patrimonio del ex presidente así como de Fernando Areal, al procedimiento sobre la presunta malversación de caudales públicos producida durante la ejecución del velódromo.
De esta manera, es Castro quien, junto a las investigaciones sobre la construcción de la infraestructura, se encarga de proseguir con las indagaciones referidas a los bienes del ex jefe del Ejecutivo autonómico después de que la Fiscalía General del Estado denegase prorrogar las diligencias informativas que durante seis meses fueron llevadas a cabo por los fiscales anticorrupción de Baleares en torno al patrimonio de Matas. Cabe recordar, asimismo, que el Ministerio Público le atribuye un cohecho por valor de 1,5 millones de euros en la compra de su vivienda en el casco antiguo de Palma.
Al mismo tiempo, las investigaciones del procedimiento se centran en conocer el motivo por el cual se le rescindió el contrato al arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, y quién ordenó contratar a los arquitectos Jaime y Luis García-Ruiz, que acabaron percibiendo unos 9 millones de euros en honorarios por hacerse cargo de la ejecución de la infraestructura estrella del Govern de Matas, y quienes aseguraron ante el juez que éste les llamó personalmente por teléfono para pedirles que continuasen con las obras.
INVESTIGACIONES SOBRE EL PALMA ARENA
En concreto el juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan posibles irregularidades en los contratos de obras que se realizaron durante la ejecución del Palma Arena, impulsado durante la pasada legislatura del PP, que podrían haber duplicado el presupuesto de esta infraestructura hasta superar los 100 millones de euros. Así, se investigan, entre otros delitos, los de malversación, prevaricación y falsedad documental.
Mientras tanto, otra de las principales líneas de investigación se centran en constatar si varios organismos públicos del Ejecutivo autonómico -entre ellos el Instituto Balear de Turismo- adjudicaron sin concurso público diversos contratos a la agencia de comunicación Nimbus, encargada de gestionar parte de la campaña electoral del PP en 2007 y que se encuentra bajo investigación judicial dentro del caso Palma Arena, y si la empresa emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, mientras que a cambio cobró a 'precio coste' la organización de la campaña en los comicios municipales y autonómicos.
Sobre este extremo fue interrogado Fernando Areal, quien negó en la comparecencia que ya efectuó como imputado ante el juez que durante la campaña electoral del partido efectuase pagos en negro por más de 70.000 euros a Nimbus, alegando que en la formación no existe "ninguna cuenta B" donde abonar este dinero sin declarar a Hacienda.
Unas declaraciones que contradicen las acusaciones lanzadas por el ex director de Nimbus y también imputado, Miguel Romero, que reconoció haber cobrado más de 70.000 euros en dinero negro del ex gerente 'popular' y que responderían a trabajos llevados a cabo por la agencia para el partido durante su campaña.
MÁS DE 35 IMPUTADOS
Cabe destacar que en el marco de este caso, uno de los más complejos que en estos momentos se encuentran bajo investigación judicial en Baleares, hay más de 35 imputados, entre los que se encuentran numerosos ex altos cargos del PP, como el ex portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Palma, Rafa Duran, el ex director general de Deportes del Govern y medallista olímpico, 'Pepote' Ballester, el diputado 'popular' Antoni Serra, y el ex concejal de Hacienda en el Consistorio Palmesano, Pedro Álvarez.
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