Madrid.- El abogado defensor de Pablo Crespo, Ignacio Peláez, ha anunciado hoy que pedirá la nulidad de las actuaciones en el caso Gürtel y que estudia interponer ante el Tribunal Supremo una querella contra el juez Baltasar Garzón por la grabación de las comunicaciones con su defendido.
En una de esas conversaciones -que al parecer la Fiscalía Anticorrupción pidió que se eliminasen del sumario- el "número dos" de la trama Gürtel, Pablo Crespo, niega a su abogado que se hubiesen regalado trajes al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.
Ignacio Peláez ha explicado hoy que todo lo obtenido como consecuencia de esa intervención de las comunicaciones con su cliente es "ilícito" y, en consecuencia, va a presentar un recurso de nulidad de las actuaciones en lo que se refiere a su cliente.
Ha dicho que pedirá además que se unan al procedimiento los originales de todas las grabaciones intervenidas, "en el soporte que sea pero los originales", y que duda que la Policía las haya destruido porque pueden ser "interesantes" para la investigación.
El defensor de Crespo solicitará además el amparo del Colegio de Abogados porque considera que se ha quebrantado su derecho de defensa, y estudia interponer una querella contra el juez instructor, Baltasar Garzón, en el Tribunal Supremo.
"Si no hago esto, es que va a llegar un momento en el que va a valer todo. Creo que no tengo que aceptar que estoy viviendo en un Estado policial. Me parece que se ha quebrantado la ley de una forma bastante flagrante", ha argumentado Peláez.
Aunque ha asegurado que no tiene "ningún interés" en interponer ningún tipo de querella contra la Fiscalía, ha criticado su actuación porque su obligación era "velar por la garantía de los imputados" y "por que se cumpla la legalidad".
"Yo presumía que el Ministerio Fiscal no iba a permitir la barbaridad de lo que se estaba haciendo, de que se intervinieran comunicaciones mías con los defendidos", ha agregado.
Peláez ha dicho que lo más grave es que, cuando su cliente acudió a declarar ante Garzón, no conocía los hechos que se le imputaban porque había secreto sumarial, mientras que el juez de la Audiencia Nacional "conocía" su estrategia de defensa y sabía "lo que iba a decir".
En ese sentido, ha recordado que Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que todos los funcionarios que trabajan en los procedimientos judiciales tienen que consignar "lo que perjudica" a los presuntos reos, pero también "lo que les puede favorecer".
Así, ha considerado "llamativo" que no se haya consignado en el procedimiento la conversación que mantuvo con Crespo en la que éste le dijo "que no se le había pagado ni un sólo traje al señor Camps".
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