Santa Cruz de Tenerife.- El Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que estima el recurso de queja presentado por el Gobierno de Canarias y en el pide la revisión de la ejecución provisional de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que obliga al Ejecutivo autónomo al pago de más de 92 millones de euros a Canteras Cabo Verde por la explotación de la montaña de Tebeto (Fuerteventura).
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, dio a conocer ante el pleno del Parlamento de Canarias el auto del Tribunal Supremo y anunció la presentación de un recurso de súplica para la ampliación del plazo para el pago de los primeros 33 millones de euros.
Rivero mostró su satisfacción por el auto del Tribunal Supremo, que estima el recurso de queja interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el auto de octubre de 2008 que acordaba estimar la petición de ejecución provisional de la sentencia solicitada por Canteras Cabo Verde, al considerar que esta ejecución no derivaría "perjuicios irreparables".
El auto del Supremo recuerda que la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias denegó la presentación de un recurso de casación contra la ejecución provisional de la sentencia al estimar que no se daban las condiciones jurídicas para ello.
El Tribunal Supremo acepta la queja al entender que el auto que se pretende recurrir en casación sí es susceptible de hacerlo.
El presidente del Gobierno también informó del recurso de súplica interpuesto por los servicios jurídicos del Gobierno para la ampliación del plazo del pago de los 33 millones de euros que el ejecutivo debía ingresar en una cuenta judicial como pago de parte de la indemnización a Cabo Verde
Rivero explicó que el recurso de súplica se argumenta, entre otros motivos, por la imposibilidad de que en quince días se proceda a las modificaciones presupuestarias para habilitar esa cantidad.
Además en el recurso se le reitera a la sala que las modificaciones presupuestarias posibles deben ajustarse a las normas de la Consejería de Hacienda sobre el pago fraccionado y anunció que el Gobierno de Canarias ha asumido de forma colegiada las competencias sobre el caso Tebeto, hasta ahora en manos de la Consejería de Economía y Hacienda.
El portavoz del grupo de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, reflexionó sobre los plazos más estrictos exigidos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al Gobierno de Canarias frente a los que ha puesto al demandante.
En este aspecto también coincidió el portavoz del grupo Socialista, Santiago Pérez, quién resaltó la flexibilidad facilitada a los propietarios de Cabo Verde y la intransigencia con el Gobierno de Canarias.
Pérez, que también presentó una pregunta parlamentaria sobre este caso, preguntó al Gobierno de Canarias por qué ha descartado proceder penalmente contra el informe pericial presentado por Rafael Bittini una vez que se ha constatado su falsedad.
Además Pérez consideró que esta actuación es más necesaria ahora que se conoce que la parte financiera de la tasación fue realizada por el hijo del propietario de Canteras Cabo Verde, e invitó al Gobierno a sumarse a la querella penal que ha interpuesto el grupo Socialista.
El portavoz parlamentario celebró el auto del Tribunal Supremo que permite frenar la ejecución provisional de la sentencia con la presentación de un recurso de casación.
No obstante Pérez señaló que este proceso está lastrado por los errores e inhibiciones de los servicios jurídicos y del Gobierno canario y se congratuló de que se hayan avocado las competencias que sobre este asunto tiene la Consejería de Economía y Hacienda.
El consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, dijo que el Gobierno no ha descartado ninguna actuación judicial pero estima que la acción más eficaz es la que están ejerciendo y que ha conducido al auto del Tribunal Supremo.
Ruano defendió la labor de los servicios jurídicos y señaló que en lugar de mirar hacia el pasado, ahora se trata de aunar esfuerzo en defensa de los intereses públicos.
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