Madrid.- El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha hecho hoy hincapié en que en "todos" los presuntos implicados en la operación policial llevada a cabo en mayo de 2006 contra una red extorsión de ETA en torno al bar "Faisán" de Irún fueron detenidos, puestos a disposición judicial y procesados.
Rubalcaba ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Senado ante la polémica originada por la decisión del fiscal de pedir al juez Baltasar Garzón el archivo de la investigación abierta sobre el "chivatazo" que supuestamente alertó al propietario del bar, Joseba Elosúa, de su inminente arresto.
Según el ministro, en aquella operación "todos los presuntos implicados pasaron a disposición judicial" tras ser detenidos por la Policía, todos ingresaron en prisión y también "absolutamente todos" fueron procesados.
"Es algo que me gustaría que quedara muy claro porque eso afecta, y mucho, a la lucha antiterrorista", ha apuntado Rubalcaba.
Además, el ministro ha subrayado que la lucha antiterrorista "va por buen camino" y como los acuerdos en esta materia son algo "fundamental" él se ha comprometido a "intentar preservar siempre" este principio.
El titular de Interior, que no ha querido responder a preguntas sobre esta cuestión, ha remarcado que ahora "lo procedente" es esperar a que la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional acabe y al auto que dicte el juez instructor.
A partir de ese momento, ha añadido, se podrán hacer las "valoraciones oportunas", pero en todo caso el ministro ha insistido en que ahora es necesario esperar.
Sobre esta misma cuestión, el titular de Justicia, Francisco Caamaño, ha expresado en el Senado su voluntad de acudir al Parlamento "cuantas veces" lo requieran los órganos que dentro de ambas Cámaras así lo decidan.
De este modo, si el Congreso aprueba la petición que el PP ha registrado para que comparezca y explique qué se ha investigado en el "caso Faisán" y por qué la Fiscalía ha pedido su archivo, el ministro irá a la Cámara Baja, "como no podía ser de otra manera", ha dicho.
Sin embargo, ha pedido Caamaño "a los representantes del PP" que sean "prudentes" en sus manifestaciones, sobre todo cuando éstas "afectan a las instituciones del Estado".
Además del ministro de Justicia, el grupo popular quiere que comparezcan Alfredo Pérez Rubalcaba y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
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