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El TSXG suspende el concurso eólico en el que la Xunta ve "vicios de legalidad"

EFE
Actualizado 02-10-2009 18:50 CET

Santiago de Compostela.-  El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado la suspensión "provisional" del concurso eólico aprobado por el anterior gobierno bipartito de la Xunta, una decisión que para el actual presidente, Alberto Núñez Feijóo, confirma que dicho concurso tenía "vicios de legalidad infranqueables".

El jefe del Ejecutivo gallego afirmó hoy que acata el auto de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, y durante una visita realizada hoy al nuevo hospital de Lugo mostró su alegría porque la Xunta se adelantase a esta decisión el pasado mes de agosto, y porque "los informes de la asesoría jurídica sean coincidentes con los fundamentos de del auto", dijo.

"Pensábamos que había vicios de legalidad infranqueables en el concurso eólico y el acto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia viene a considerar que esos vicios pueden existir y, por lo tanto, solicita que se pare el concurso eólico del Gobierno anterior", dijo.

Núñez Feijóo explicó que este auto "clarifica, tranquiliza" y da un impulso al Ejecutivo gallego para hacer un nuevo concurso "con seguridad jurídica" y que dote de viabilidad económica a esta oportunidad administrativa que tiene Galicia.

El TSXG precisa, en un comunicado emitido hoy, que la medida cautelar de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo "es todavía provisional y no definitiva", puesto que las partes tienen de plazo hasta la próxima semana para presentar un recurso de súplica.

El alto tribunal gallego concreta que una vez transcurrido el plazo, y en caso de que se presentase algún recurso, la Sala del TSXG adoptará la decisión definitiva.

Tanto el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, como el ex conselleiro de Industria Fernando Blanco, cuyo departamento aprobó el concurso eólico en la pasada legislatura, han cuestionado hoy que el Gobierno gallego hubiese defendido el concurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Vázquez se preguntó en conferencia de prensa qué papel había jugado la Xunta ante el tribunal para defender el concurso, si bien había ido a defender la legalidad, a reclamar que se impusiera una fianza a pesar de la suspensión, o si por el contrario, "con su actitud, fomentó el pronunciamiento del TSXG".

De un modo similar se ha pronunciado Fernando Blanco, quien en el Parlamento indicó que la decisión del TSXG implica una "suspensión cautelar" y no una anulación, por lo que continúa la suspensión que ya había decretado el Gobierno gallego.

"Imagino que la Xunta no defendió el decreto", señaló Blanco sobre el papel del Ejecutivo autonómico ante el tribunal, y recordó que en la anterior legislatura el abogado de la Administración ya "desmontó una a una" las líneas de defensa de un recurso presentado por Endesa.

Por su parte, la portavoz del PSdeG, Mar Barcón, ha reprochado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que no hubiese sentado a negociar al sector eólico para llegar a un acuerdo antes de que el TSXG suspendiese el concurso eólico.

A preguntas de los periodistas, la dirigente del PSOE consideró que el auto judicial paraliza la tramitación administrativa del proceso para "revisar la legalidad", e indicó que ofrece "más seguridad y más justicia".

"Estamos más confiados en esta decisión" que en el anuncio del Gobierno de paralizar el proceso, lo que a su juicio no ha hecho.

Para el diputado del PP Pedro Arias, la decisión del TSXG avala su postura y la del Gobierno autonómico en este asunto.

En rueda de prensa, Arias consideró que el propio Gobierno de coalición que gestionó el concurso en la pasada legislatura debería tener dudas sobre la legalidad del decreto eólico, y destacó en este sentido el "espectáculo" dado por los socios de la coalición, al abandonar los representantes socialistas la comisión de valoración de los proyectos.

Según Arias, el auto judicial revela que existe "inseguridad jurídica", como había planteado el PP y la Xunta, mientras apuntó que la resolución judicial "calca" un dictamen del Consello Consultivo que dudaba de la legalidad del decreto.

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