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Fini renuncia a la ley de inmunidad que asiste a los altos cargos en Italia

EFE
Actualizado 02-10-2009 13:27 CET

Roma.-  El presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Gianfranco Fini, renunció hoy al "Lodo Alfano", la ley que otorga inmunidad a los altos cargos del Estado, entre ellos, a los presidentes del Congreso y el Senado.

Fini ha tomado esta decisión ante una querella interpuesta por Henry Jonh Woodcock, ex fiscal de Potenza, que le acusa de difamación por las palabras pronunciadas por el ex líder de la derechista Alianza Nacional (AN) en el programa televisivo "Porta a Porta", informan los medios italianos

Su abogada, Giulia Bongiorno, diputada del partido Pueblo de la Libertad (PDL), al que pertenece Fini y lidera el primer ministro, Silvo Berlusconi, se ha encargado de depositar la instancia de renuncia a la inmunidad.

La decisión de Fini es un paso más en su distanciamiento de Berlusconi, tras decantarse por otorgar el derecho a voto a los inmigrantes regulares, abogar para que se les otorgue la ciudadanía en cinco años y proclamar la libertad de voto de los diputados en el tema del testamento vital.

Pero la ley, conocida como "Lodo Alfano", que establece la suspensión de procesos penales, incluidos aquellos anteriores a acceder al cargo, contra el jefe del Estado, el presidente del Gobierno y los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado, es el talón de Aquiles de Berlusconi.

El "Lodo Alfano" ha permitido hasta ahora que se "congelen" varios procesos en los que se ha visto implicado Berlusconi, entre ellos el juicio por el supuesto pago de 580.000 euros al abogado David Mills para que falsificara su testimonio en dos procesos celebrados en 1997 y 1998 contra el mandatario de los que fue absuelto.

El pasado 16 de septiembre, sin embargo, la Fiscalía de Milán estableció que dicha ley es inconstitucional porque viola la igualdad de los ciudadanos ante la ley, informaron hoy los medios de comunicación italianos.

La renuncia de Fini llega cuatro días antes de que se celebre, el próximo 6 de octubre, una audiencia pública en la que los jueces constitucionales decidirán si el jefe del Ejecutivo podrá seguir acogiéndose a la ley que le otorga la inmunidad.

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