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El prefecto de Santa Cruz niega la malversación de fondos en el referendo autonómico

EFE
Actualizado 01-10-2009 21:01 CET

La Paz.-  El prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, negó hoy ante la Fiscalía haber malversado fondos para el referendo sobre el estatuto autonómico de su región celebrado en mayo de 2008, que, recordó, fue respaldado por más del 80% de la población cruceña.

"En ningún momento se ha dejado de hacer las inversiones necesarias en el departamento. No se han usado fondos de inversión, ni de IDH -Impuesto Directo a los Hidrocarburos-, sino partidas de los gastos corrientes asignadas para eso", afirmó Costas a la prensa tras rendir declaración.

La Fiscalía boliviana citó a Costas y a otros 35 funcionarios de Santa Cruz por ese referendo que se realizó el 4 de mayo de 2008 sin autorización del Congreso ni de la Corte Nacional Electoral.

El Ministerio Público acusa a esas autoridades regionales de haber celebrado en contra del criterio de las nacionales una consulta sobre el estatuto autonómico, que, según esta instancia judicial, supuso un gasto de más de diez millones de bolivianos (1,42 millones de dólares).

En aquella consulta, el texto de autogobierno fue aprobado, de acuerdo con la Corte Departamental de Santa Cruz, con más del 80 por ciento de los votos.

Costas criticó a las autoridades nacionales por haber permitido con la apertura de este proceso judicial "llevar adelante un maltrato al pueblo cruceño".

"Al no encontrar ningún acto de corrupción (en la gestión de la prefectura), no les queda más que hacer uso equivocadamente de un proceso totalmente legítimo, democrático, legal, del que estoy totalmente satisfecho", afirmó.

Además de Costas, han declarado ante la Fiscalía otros funcionarios departamentales y el presidente, vicepresidente y vocales de la Corte Departamental Electoral, muchos de los cuales se acogieron al derecho al silencio, tal y como confirmó hoy el fiscal asignado al caso.

La Contraloría General de Bolivia también sigue juicios a las autoridades prefecturales y electorales de los departamentos amazónicos de Beni y Pando y el sureño de Tarija por el uso indebido de recursos económicos en la realización de similares consultas en 2008.

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