Bogotá.- La seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Colombia amenazados y víctimas de seguimientos e interceptaciones telefónicas se financiará con tres millones de dólares incautados a narcotraficantes, anunció hoy el presidente Álvaro Uribe.
El mandatario hizo el anuncio tras reunirse durante 40 minutos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Augusto Ibáñez; el vicepresidente, Jaime Arrubla, y el ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia, para analizar esas amenazas.
Los recursos saldrán de los 28 millones de dólares que fueron incautados al narcotráfico en el puerto de Buenaventura (suroeste) en septiembre pasado, confirmó la Presidencia colombiana en un comunicado.
El ministro Valencia le entregó una carta a Ibáñez en la que se confirma que el Consejo Nacional de Estupefacientes dispuso destinar esos dineros al fortalecimiento de la protección de los magistrados y sus familias.
Mientras se lleva cabo el proceso de extinción de dominio (expropiación definitiva), los tres millones de dólares se tomarán del presupuesto de 2010, a manera de crédito.
Valencia agregó que su despacho se mantiene en comunicación con la Policía para seguir tomando las medidas necesarias en pro de mejorar los esquemas de seguridad de los integrantes de la CSJ y sus familias.
Las instituciones judiciales de Colombia urgieron a finales de agosto al presidente Uribe a que revise y fortalezca los "mecanismos de seguridad y protección" de los magistrados que han sido amenazados.
Las amenazas alcanzan al presidente y al vicepresidente de la CSJ, Augusto Ibáñez y Jaime Alberto Arrubla, respectivamente, así como a las familias de ambos.
Ese Tribunal ha recordado que estas amenazas se unen a anteriores contra otros siete magistrados y a seguimientos e interceptaciones de sus teléfonos, en particular de los responsables de la Sala de Casación Penal.
La CSJ y el Gobierno han sostenido varios enfrentamientos desde que el tribunal comenzó a investigar, e incluso condenó, a varios congresistas del oficialismo por sus nexos con los paramilitares.
El último fue a finales de septiembre cuando el Ejecutivo anunció que no modificará la terna de candidatos que envió a la Corte para la elección del Fiscal General de la Nación, en respuesta a la determinación de ese tribunal que consideró "no es viable" la terna de nombres propuesta por el Gobierno.
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