Quito.- La Corte de Justicia de Sucumbíos, provincia ecuatoriana donde se tramita una demanda de 27.000 millones de dólares contra la petrolera Chevron-Texaco, aceptó la renuncia del juez Juan Nuñez, informaron hoy los demandantes.
Pablo Fajardo, abogado del Frente de Defensa de la Amazonía, que agrupa a unos 30.000 indígenas y campesinos que demandan a la empresa por supuesto daño ambiental, confirmó a Efe la decisión de la Corte y explicó que será el presidente subrogante, Nicolás Zambrano, el que asuma ahora el caso.
La decisión de apartar a Núñez del proceso, acusado por la empresa de participar en una trama de soborno para emitir una sentencia desfavorable a Chevron, se produjo ayer después de que la petrolera presentara una demanda de recusación del magistrado.
Para Fajardo, ese pedido de recusación demuestra que Chevron "a toda costa, quería sacar al doctor Núñez del juicio y con eso dilatar y ganar unos meses más ante la posible sentencia".
A los demandantes no les queda "ninguna duda" de que con la demanda, la petrolera pretende retrasar el juicio, que ya dura casi 16 años, porque "cualquier juez, por muy diligente que sea, va a tener que tomarse por lo menos tres meses más para poder entender el contexto del juicio", explicó.
Núñez presentó su excusa ante la Corte después de que Chevron hiciera públicos una serie de vídeos, grabados con cámaras ocultas, de los que, según la empresa, se deduce que el juez habría estado implicado en una trama de soborno en la que obtendría beneficios al emitir una sentencia condenatoria contra la empresa.
El magistrado ha negado su implicación y ha calificado el escándalo como "una trampa" de Chevron, a quien los demandantes acusan de estar detrás de la elaboración de las grabaciones.
"Lo que está buscando la empresa es dilatar el juicio, crear visos de corrupción de nulidad y, en el fondo, conseguir su objetivo de quedar impune del crimen cometido en la Amazonía ecuatoriana", señaló Fajardo.
En ese contexto, Chevron ha pedido que se declare la nulidad de todo lo actuado por Núñez, lo que, según los demandantes, no se basa en "ningún argumento jurídico", pero es utilizado por la petrolera para "crear una enorme cortina de humo y generar duda sobre la administración de justicia en Ecuador".
También la Fiscalía ecuatoriana y la Procuraduría General del Estado (Abogacía del Estado) coinciden con los demandantes en creer que la estrategia de Chevron es deslegitimar a la justicia nacional y ambas entidades estudian la posibilidad de presentar una queja ante las autoridades de Estados Unidos.
Fajardo precisó que los demandantes, independientemente de lo que haga el Estado, también estudia esa posibilidad, pues consideran que al estar detrás de la elaboración de la trama de soborno, Chevron incurrió en un delito contemplado en Estados Unidos sobre fomento de actos de corrupción en otros países.
Según dijo, en unos 15 días tendrán preparada una queja formal que presentarán ante el Departamento de Justicia estadounidense.
Indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana acusan a Texaco, que fue adquirida por Chevron en 2000, de causar graves daños a la naturaleza y a los habitantes de esa región durante las dos décadas en que extrajo crudo de la zona, entre 1972 y 1992.
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