Bogotá.- El presidente costarricense, Óscar Arias, dijo hoy a una emisora colombiana que el decreto que mantiene suspendidas varias garantías constitucionales en Honduras y que amparó la clausura de dos medios "pone en peligro" la celebración de las elecciones del 29 de noviembre.
Ese decreto "coarta las más importantes libertades individuales", lo que "crea un clima ilógico para llevar a cabo la campaña electoral y daría al traste con la legitimidad" de los comicios, advirtió Arias en declaraciones a la emisora colombiana La FM.
"Lo que más interesa es que esas elecciones sean transparentes, en un clima de normalidad", agregó el mandatario, quien reiteró este lunes que se mantiene como mediador en el conflicto político hondureño.
El Gobierno de facto hondureño, presidido por Roberto Micheletti, publicó el sábado pasado un decreto por el cual suspende durante 45 días las libertades de circulación y expresión, y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas.
Según Micheletti, el decreto se emitió por la llamada a la "insurrección" del depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, quien está desde hace el lunes de la semana pasada en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.
Amparado por ese decreto, el Gobierno de facto clausuró ayer dos medios de comunicación, Radio Globo y Canal 36, e impidió marchar a los seguidores de Zelaya en la capital y otros puntos del país, en la jornada en que se cumplían tres meses del golpe de Estado.
También en declaraciones a la emisora La FM, el canciller del Gobierno de facto, Carlos López, comentó hoy que ese decreto "está siendo objeto de reconsideración en este momento", aunque lo justificó diciendo que es "la respuesta normal a una situación irregular provocada por el llamamiento a la insurrección".
"El primer objetivo de un Gobierno es el mantenimiento del orden público, la paz y la seguridad de las personas", subrayó López.
Micheletti también abrió ayer la puerta a una posible derogación de ese decreto, tras reunirse con el presidente del Parlamento, José Alfredo Saavedra, y otros diputados que le pidieron que reconsidere la suspensión de garantías para favorecer el diálogo en el país.
Zelaya fue detenido y expulsado del país por militares el pasado 28 de junio, y horas más tarde el Congreso nombró en su reemplazo a Micheletti, hasta entonces presidente del Legislativo y cuyo Gobierno no reconoce la comunidad internacional.
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