Caracas.- Un tribunal de Caracas concedió hoy la libertad provisional al estudiante de la oposición Julio Rivas, cuya detención dio lugar a una huelga de hambre cerca de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la capital venezolana.
El estudiante, detenido el pasado 7 de setiembre, podrá esperar el juicio que se abrirá en su contra "en libertad condicional y con régimen de presentación", según sus abogados.
La Fiscalía imputó a Rivas la presunta comisión de los delitos de "instigación a delinquir, resistencia a la autoridad, excitación a la guerra civil, uso de arma genérica y asociación para delinquir", previstos en el Código Penal y la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
De acuerdo con los fiscales, Rivas habría podido incurrir en ellos durante la marcha opositora del pasado 22 de agosto contra la nueva Ley de Educación, cuando al final de la misma se lanzaron piedras y botellas a la policía y se derribó la valla que marcaba el fin del trayecto de los manifestantes.
La detención de Rivas provocó que grupos estudiantiles opositores pidiesen su libertad con una huelga de hambre ante la sede de la OEA por entender que no se le puede aplicar el código penal porque estaba ejerciendo el derecho constitucional a la protesta.
La huelga comenzó el pasado viernes, pero durante el fin de semana otro grupo se unió a la docena inicial y en Valencia, ciudad natal de Rivas, también se organizó una protesta similar, con lo que se alcanzó un total de huelguistas que algunos medios opositores sitúan en torno a los 50.
Tras recuperar la libertad, Rivas indicó que se trasladaría a los alrededores de la sede de la OEA para reunirse con los huelguistas y agradecerles su apoyo.
Además, otros que se califican a sí mismos como "presos políticos" anunciaron que se sumarían a la iniciativa, entre ellos están tres jefes policiales, juzgados y condenados a 30 años de prisión por tener responsabilidad en las muertes que precedieron al golpe de Estado de abril de 2002.
Por otra parte, representantes de la oposición entregaron un documento en la sede caraqueña de la OEA cuyas autoridades, según comentaron, se comprometieron a hacerlo llegar a su sede central en Washington.
En el texto pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DIDH) que envíe una delegación a Venezuela para que analice lo que, en su criterio, podrían ser actos contrarios a la democracia y los derechos humanos.
El Gobierno ha rechazado esa pretensión por entender que las responsabilidades que conllevan las infracciones a la ley ordinaria no pueden evadirse alegando que se trata de persecuciones políticas.
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