Estepona (Málaga).- El juez instructor del caso Astapa, Jesús Torres, que investiga la presunta trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), ha decretado hoy el levantamiento parcial del secreto del sumario que afecta a unos 3.000 folios, según han informado fuentes jurídicas.
Esta es la segunda ocasión en la que el juez instructor decide levantar parcialmente el secreto de las actuaciones, después de que a finales de junio decretase la apertura de los tomos 1 al 6, concretamente desde el folio primero hasta el 2.857.
La instrucción del sumario se inició en junio de 2008 cuando fueron detenidas 25 personas, entre ellas el entonces alcalde del PSOE Antonio Barrientos, y hasta el momento se ha saldado con 63 imputados.
Además del alcalde fueron detenidos los concejales socialistas Asunción López, Francisco Zamorano, Mariví López y Marisa Rodríguez-Pino, además de los ediles del Partido de Estepona (PES) José Ignacio Crespo y Manuel Reina.
También fueron arrestados empresarios, funcionarios y técnicos municipales y el que ejercía como jefe de Gabinete de Alcaldía José Flores.
Tras las detenciones, se sucedieron las imputaciones hasta llegar a 63 imputados acusados de delitos como blanqueo de capitales, malversación de fondos, cohecho, fraude, prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias.
Cinco de los arrestados por este caso fueron enviados a prisión provisional sin fianza, entre ellos el entonces alcalde, los concejales Crespo y Reina y Flores, que dejaron la cárcel el pasado 10 de diciembre tras pagar cada uno una fianza de 150.000 euros y permanecer casi seis meses en prisión.
También fue encarcelado el técnico municipal Javier Wittmeur, que abandonó el centro penitenciario antes que los otros, el 31 de julio, tras abonar la fianza impuesta de 60.000 euros.
De los 63 imputados, 23 están en libertad con diversas fianzas y 40 en libertad sin fianza.
El caso Astapa se inició tras la denuncia interpuesta por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción al entender que podrían estar cometiéndose los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el Ayuntamiento.
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