Naciones Unidas.- El canciller de Perú, José Antonio García Belaúnde, abogó hoy en la ONU por un pacto de no agresión que garantice una Zona de Paz en América del Sur.
El objetivo final es crear un sistema de seguridad colectivo regional que permita detener la carrera armamentista en que parece estar sumida, sin razón alguna, Suramérica, señaló el canciller peruano en el debate de la Asamblea General de la ONU.
Recordó que, en los últimos cinco años, desde la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la región ha destinado al gasto militar 156.000 millones de dólares, además de 23.000 millones de dólares adicionales en nuevas armas, cañones, aviones y naves.
Este gasto podría aumentar a 38.000 millones de dólares en 2009, advirtió.
"Cómo podemos explicar a nuestros pueblos que, en medio de una de las más graves recesiones económicas mundiales y ante la existencia de más de 1.000 millones de pobres extremos en el mundo, los países destinen más de 1.464 billones de dólares en gastos militares en 2008", se preguntó.
García Belaúnde apuntó que la comunidad internacional ha movilizado ingentes recursos y capital político para evitar un colapso económico sin precedentes, pero consideró "impostergable" que una parte de esos recursos apoye a los países en desarrollo.
En ese sentido, también lamentó que esa voluntad no se exprese con igual determinación para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015 y para enfrentar las amenazas que ponen en peligro la libertad, la democracia y la estabilidad mundial.
Al referirse al narcotráfico, apuntó su "peligrosa vinculación con el terrorismo y la violencia en general.
A nivel global, dijo, el tráfico ilegal de drogas moviliza alrededor de 500.000 millones de dólares al año -equivalentes al 8 por ciento del comercio mundial-, mientras que su consumo, conforme a datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), afecta a más de 200 millones de personas.
El ministro peruano hizo un llamamiento a que la lucha contra el narcotráfico retome una posición central en la agenda mundial, haciendo efectivo el principio de la responsabilidad compartida.
La producción ilícita de la hoja de coca es uno de los más grandes factores depredadores de la naturaleza y, en la selva amazónica peruana está causando la tala y quema de bosques para incrementar los cultivos ilegales.
Una situación que erosiona los suelos y ha provocado la deforestación de 2,5 millones de hectáreas de bosque amazónico, principal causa del calentamiento global.
Perú, que destina más de 600 millones de dólares al año para combatir una actividad ilícita que produce y trafica 22.000 millones de dólares, no puede combatir solo la producción ilícita de drogas, ni tener éxito a largo plazo sin la cooperación firme y solidaria de la comunidad internacional y, en particular, de países consumidores.
Sin embargo, denunció que la cooperación real ha disminuido desde 2002. La mayor fuente de cooperación con el Perú redujo su aporte de 140 a 128 millones de dólares en 2003; a 116 en 2004; y este año asciende a 70 y el próximo año será de 57 millones.
Respecto al cambio climático, subrayó que su país sufre el retroceso acelerado de sus glaciares tropicales y los problemas relacionados con el abastecimiento de agua de su población.
Perú reiteró en la tribuna de la ONU su propuesta de un mecanismo financiero para la creación de un fondo mundial para mitigar el impacto del cambio climático en los países en desarrollo.
Concretamente, pidió la aplicación de una tasa de 0.5 dólares por barril de petróleo, en tanto existe una responsabilidad en toda la cadena de producción del combustible, desde la extracción, pasando por su refinación, hasta sus usos directos e indirectos.
Al referirse a la situación de América Latina, dijo que la región vive "un momento crucial" para la consolidación de la democracia y la promoción de los derechos políticos y sociales de sus pueblos.
Por ello, expresó su "profunda preocupación" por la crisis en Honduras, donde se ha interrumpido el sistema democrático.
"Merecen todo nuestro repudio las distintas medidas" contra la embajada de Brasil, "que deben cesar de inmediato, en virtud a las obligaciones y a la tradición jurídica que tiene Honduras como país respetuoso de sus obligaciones internacionales, y en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", afirmó.
El jefe de la diplomacia peruana hizo un llamado a que el retorno del presidente Manuel Zelaya a Tegucigalpa sea aprovechado por las fuerzas políticas hondureñas para establecer un Gobierno de unidad y reconciliación nacional, de conformidad con el Acuerdo de San José, propuesto por el mandatario de Costa Rica, Óscar Arias.
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