Tegucigalpa.- Honduras cumple mañana tres meses inmersa en una crisis política causada por el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, quien también el lunes llega a su primera semana en la embajada de Brasil en Tegucigalpa tras su sorpresivo regreso al país, sin que se vea una puerta de salida.
Aislado por la comunidad internacional, el Gobierno de facto que preside Roberto Micheletti sigue desafiante al mantener a Zelaya y a un grupo de acompañantes rodeados por centenares de policías y militares en la sede diplomática.
Ni la condena del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el viernes, flexibilizó la actitud de Micheletti, quien ha planteado a Brasil que se lleve a Zelaya o lo entregue a la Justicia hondureña, pues tiene órdenes de captura por delitos políticos y comunes.
El Gobierno de facto dio el sábado un plazo de diez días a Brasil para que defina el estatus de Zelaya en la embajada.
El régimen de Micheletti también advirtió de que no recibirá a los embajadores de España, México, Argentina y Venezuela, que rompieron sus relaciones con Honduras y son parte del grupo de países americanos y europeos que anunció el regreso de sus representantes, retirados ante el derrocamiento de Zelaya.
Se abrió así un nuevo episodio en la crisis, que dio un giro brusco cuando Zelaya apareció el lunes pasado en la embajada brasileña en Tegucigalpa, tras sus intentos frustrados del 5 de julio, por vía aérea, y del 24 del mismo mes, por la frontera con Nicaragua.
Cómo entró a territorio hondureño y llegó hasta la sede diplomática de Brasil es algo que sólo el propio mandatario depuesto y su gente más cercana saben, pero también es un hecho que Micheletti y sus servicios de inteligencia quedaron muy mal parados.
Zelaya "está muy tranquilo en una suite de un hotel de Nicaragua", aseguraba Micheletti el lunes en medio del revuelo por el anuncio de que Zelaya estaba de regreso, para después tener que reconocer que sí lo había logrado.
Habían pasado 86 días desde que, el 28 de junio, un grupo de militares sacó de su casa y del país a Zelaya para llevarlo a Costa Rica, donde inició un largo periplo por países americanos y foros internacionales para pedir su restitución.
El derrocado gobernante goza del apoyo incondicional de la comunidad internacional, que no acepta al Gobierno de Micheletti ni el argumento del régimen de facto de que no hubo golpe de Estado sino una "sucesión constitucional".
Los militares, según el Gobierno de Micheletti, designado por el Parlamento, actuaron por una orden de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un proceso incoado por el Ministerio Público contra Zelaya por impulsar una consulta para promover una Asamblea Constituyente.
El derrocamiento de Zelaya frustró la consulta, que iba a celebrarse el 28 de junio a pesar de que diversos órganos del Estado la habían declarado ilegal.
Tres meses después, el proceso de diálogo impulsado por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, languidece en manos de cuatro candidatos presidenciales para las elecciones de noviembre próximo en Honduras, que el jueves instaron a Zelaya y Micheletti a volver a la mesa de conversaciones.
Los candidatos están urgidos por una solución de la crisis porque la comunidad internacional ha advertido que, gane quien gane, si no se restituye a Zelaya antes de las elecciones no reconocerá al nuevo Gobierno que asumirá el 27 de enero de 2010.
Las reuniones de los aspirantes presidenciales con Micheletti y Zelaya no produjeron, hasta ahora, más que expectativas, declaraciones de buenos deseos de resolver la crisis y abrazos entre algunos candidatos y el derrocado mandatario que fueron tan efusivos como criticados, en un ambiente de mucha crispación en el país.
Pero ambos se mantienen inamovibles en sus posiciones: Zelaya exigiendo volver a la Casa Presidencial y Micheletti insistiendo en que no la abandona.
También se niega a abandonar la lucha el frente de resistencia popular que lleva más de 90 días en movilizaciones para pedir que se vayan los golpistas y Zelaya retome el poder.
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