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La Fiscalía de Castilla y León recurrirá sentencias del TSJCYL sobre la asignatura de EpC

EFE
Actualizado 25-09-2009 15:18 CET

Burgos.-  La Fiscalía Superior de Castilla y León recurrirá las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) que reconocen el derecho de objeción de conciencia en educación para la ciudadanía en contra del criterio marcado en otras sentencias del Tribunal Supremo.

En declaraciones a Efe, el fiscal superior, Manuel Martín Granizo, ha explicado que el anuncio se formulará en los próximos días y después se formalizará el recurso, que deberá resolver en casación el Tribunal Supremo.

El principal argumento que esgrimirá la fiscalía es precisamente la existencia de resoluciones judiciales contradictorias, dado que las salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo y la sala de lo Contencioso del TSJCYL en Valladolid mantienen puntos de vista contrarios ante este tema.

Martín Granizo sostiene que mientras la sala del TSJCYL considera que al no haber una doctrina sobre este asunto del Tribunal Constitucional caben distintas interpretaciones jurídicas, en su opinión "debe prevalecer el criterio marcado por el Tribunal Supremo como tribunal de rango superior".

Para el fiscal superior de Castilla y León, en este caso no es admisible la objeción de conciencia porque la Constitución sólo recoge este derecho para los profesionales de la comunicación y el servicio militar.

"Tampoco es admisible" que se alegue la libertad ideológica y religiosa que recoge el artículo 16 del texto constitucional.

En este sentido, ha precisado que de admitir ese derecho general de objeción supondría subordinar las normas generales del Estado a cada conciencia, lo que "socavaría el Estado de Derecho".

Martín Granizo ha considerado que el currículum de la asignatura incluye aspectos que quedan claramente al margen de la formación religiosa y moral, como aspectos sobre el funcionamiento de la sociedad democrática, los derechos fundamentales o los usos sociales.

El fiscal superior ha explicado que el recurso se terminará resolviendo en casación ante el Tribunal Supremo, por lo que ya ha mantenido contacto con el fiscal superior de este tribunal estatal que será el encargado de la última fase de este trámite.

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