Washington.- El Gobierno de Estados Unidos había expresado "serias" preocupaciones sobre la posible participación de miembros de la Fuerza Pública colombiana en una masacre en el año 2000, mientras se negociaba el Plan Colombia, según documentos secretos divulgados hoy.
Los documentos, divulgados por el grupo de estudios independiente "Archivo Nacional de Seguridad", revelan las dudas de funcionarios de EE.UU. sobre el papel de miembros de las fuerzas de seguridad colombianas en la masacre de El Salado, a manos de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Para el grupo de análisis, estos documentos apuntan a una "conspiración del silencio" ya que la embajada de EE.UU. en Bogotá no hizo mucho cuando supo que las fuerzas del orden en Colombia no evitaron la masacre en el caserío El Salado, en el norte del país, y sólo capturaron a once de los 450 paramilitares implicados.
El 16 de febrero del año 2000, unos 450 paramilitares del Bloque Norte de las AUC llegaron a esa localidad, que pertenece al municipio de El Carmen de Bolívar, y permanecieron allí durante cinco días.
En esos cinco días los paramilitares de la ultraderecha armada asesinaron a unas 60 personas que escogieron entre los pobladores, por su presunta colaboración con la guerrilla.
Esta masacre, que podría ser la más grande cometida por las ahora desmovilizadas AUC durante su existencia, ocurrió en unos momentos en que las autoridades de EE.UU. y Colombia ultimaban los pormenores del Plan Colombia, que proponía un aumento masivo de la ayuda militar estadounidense al país andino.
La ayuda estadounidense dentro del Plan Colombia requería que el Ejército colombiano demostrara avances para desvincularse con los paramilitares.
Según los documentos, las autoridades de EE.UU. estaban al tanto, incluso antes de la matanza, de la "propensión de los militares colombianos para actuar de manera conjunta con grupos paramilitares ilegales, ya sea por omisión o comisión", indicó el grupo de investigación.
Entre otros detalles, el grupo reveló un documento de la embajada de EE.UU. en Bogotá de enero de 1999 en el que un subcomandante del Ejército colombiano afirmó que los paramilitares "no amenazaban el orden constitucional a través de actividades subversivas" y, por lo tanto, no debían ser perseguidos por el Ejército.
Otro informe de ese mismo año suministrado por fuentes castrenses estadounidenses indicó que las Fuerzas Armadas de Colombia no actuaban enérgicamente contra grupos paramilitares porque los veían como aliados en la lucha contra la guerrilla, "su enemigo común".
Una fuente militar estadounidense consideró que la prueba de que grupos paramilitares lucían uniformes del Ejército sugería que muchos de los paramilitares o eran ex militares o consiguieron esos uniformes del Ejército de alguna manera.
Entre los documentos también figura una nota de la embajada estadounidense que sugiere que el Ejército colombiano estaba al tanto de los planes de la masacre antes de que ésta ocurriera, porque las autoridades evacuaron al poblado y "tuvieron suerte con la captura de once paramilitares".
El Departamento de Estado había calificado la captura de los once paramilitares -del total de 450 involucrados- como prueba de que el Ejército había tomado medidas contra los paramilitares y estaba mejorando su historial frente a esos grupos ilegales, según los documentos.
Otro documento de las autoridades estadounidenses puso en duda la explicación que en su momento dieron los militares sobre su papel en la masacre de El Salado.
A la embajada, después de todo, le resultaba difícil creer que los pobladores de El Salado no hubiesen recibido amenazas antes de la masacre, tomando en cuenta que está ubicando en una zona de conflicto, según los documentos publicados en la página de Internet "www.nsarchive.org".
El pasado martes, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, pidió perdón a las familias de las víctimas de esa matanza.
"A nombre de este Estado hoy pido perdón porque nueve años y siete meses después de esta horrenda masacre no se ha esclarecido toda la verdad, ni todos los responsables de ella han sido llevados ante la Justicia, como debe ser nuestra obligación", dijo Santos.
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