Bruselas.- Los países europeos afectados por la crisis de Opel y la Comisión Europea han acordado darse hasta el 7 de octubre para evaluar el proyecto presentado por Magna para adquirir la filial europea de General Motors.
Tras una reunión de ministros de la UE en la que se habló de la situación de Opel, el titular europeo de Industria, el alemán Günter Verheugen, indicó que los gobiernos y el ejecutivo comunitario han comenzado a estudiar el plan de reestructuración remitido por Magna y a partir del 7 de octubre pondrán en común sus puntos de vista.
El comisario precisó, no obstante, que Bruselas no tiene previsto tomar ninguna decisión en esa fecha sobre la viabilidad de las ayudas de Estado comprometidas por Alemania para que salga adelante la venta a Magna.
A este respecto, el ejecutivo de la UE reiteró que vigilará "con extremo cuidado" que las ayudas a Opel cumplan "escrupulosamente" la normativa europea y se asegurará de que no incluyan condiciones sobre la localización geográfica de las reestructuraciones.
Magna ha adelantado su intención de recortar 11.000 empleos en las distintas factorías que Opel tiene en Europa, de los que 1.672 serían en la fábrica zaragozana de Figueruelas -una cifra que el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) eleva a 2.090-.
Entre los gobiernos afectados por la crisis de Opel, tanto el de Bélgica -donde la fábrica de Amberes se arriesga al cierre total- como el de Reino Unido -con dos factorías- han hecho constar su descontento por el proyecto de Magna y han exigido a Bruselas un análisis exhaustivo de las contrapartidas ofrecidas por Berlín.
Estos países temen que el Gobierno alemán vincule su aportación financiera a Opel al mantenimiento del empleo en las fábricas en su territorio, en detrimento del resto de plantas.
En una carta remitida a la titular europea de Competencia, Neelie Kroes, el ministro británico de Empresa, Peter Mandelson, ha expuesto sus dudas sobre la viabilidad del plan de Magna, que considera demasiado caro e injusto por su trato a las fábricas más productivas, en concreto a las británicas y la española.
España ha pedido también a Bruselas una "solución europea para Opel", explicó hoy el secretario de Estado español para la UE, Diego López Garrido, quien mostró "absoluta confianza" en el papel de la Comisión como garante de la legalidad comunitaria.
Según López Garrido, el Gobierno español es consciente de que la venta de Opel a Magna tendrá "algún tipo de efecto" en el empleo, pero insistió en que Bruselas debe garantizar que las decisiones empresariales no estarán condicionadas por las ayudas ofrecidas por los gobiernos a la compañía.
La Comisión aseguró que comprobará que en este caso no interfieran criterios políticos.
Verheugen hizo hincapié en el "espíritu constructivo" de las autoridades alemanas, que hoy se comprometieron ante el resto de Estados miembros a cooperar con la Comisión en el proceso de evaluación de las ayudas concedidas para salvar al fabricante automovilístico.
La operación de venta a Magna depende todavía del acuerdo entre los países afectados para participar en el crédito de 4.500 millones de euros que Alemania ya ha aprobado.
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