MADRID.- Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados rechazaron este martes la moción de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la que se solicitaba al Gobierno la regulación de la prostitución y la supresión de los anuncios de contactos en los medios de comunicación generalistas. El resultado de la votación fue cinco votos a favor, 329 en contra y seis abstenciones.
La formación republicana pedía al Gobierno que presentara en el plazo de seis meses un plan integral de prostitución para que se protejan las libertades y derechos de las personas que ejercen esta actividad de forma voluntaria, "con el fin de erradicar su situación de vulnerabilidad y exclusión social". En concreto, planteaba que se creara una regulación específica para las prostitutas "dentro del régimen de trabajadores autónomos o de empleados del hogar de la Seguridad Social".
Durante su intervención en el Pleno, el diputado de ERC Joan Tardà reconoció que "nadie opta categóricamente por ejercer la prostitución con absoluta libertad", pero la regulación sería a su juicio "un mal menor".
Asimismo, acusó a las administraciones públicas de eludir su responsabilidad y no tomar ninguna medida sobre esta realidad, "mientras el problema, nunca mejor dicho, sigue en la calle". Además, vaticinó que los socialistas no tomarán medidas para suprimir los anuncios de contacto en la prensa porque "se van a achantar" ante los grandes medios de comunicación.
ERC NO ACEPTÓ NINGUNA ENMIENDA
Según explicó a Europa Press, Tardà no aceptó ninguna de las enmiendas presentadas por el PSOE, PP, CiU, PNV, BNG, UPN y UPyD porque "desvirtuaban" el contenido de la moción, cuyo objetivo central era la regulación de la prostitución.
Desde las filas del PSOE, la portavoz de Igualdad, Carmen Montón, recalcó que la legalización de esta actividad "permitiría un espacio más amplio para las mafias", quienes buscarían más mujeres en los países pobres aprovechando la regulación de esta actividad en los países occidentales. "No estamos a favor de regular la explotación y la vulneración de derechos humanos", aseveró.
Montón destacó que más del 90 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en España son inmigrantes en situación irregular, que han venido a este país engañadas y que están sometidas a una situación de explotación por las mafias. Además, censuró que uno de cada cuatro hombres españoles hayan, en alguna ocasión, "comprado sexualmente a una mujer".
PP: RECHAZO SOCIAL DE LA PROSTITUCIÓN
Por su parte, la portavoz del PP, Eva Durán, acusó al Gobierno de no dar soluciones a la situación de la prostitución y pidió aplicar el Plan aprobado el pasado diciembre para luchar contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual "a la mayor celeridad posible".
Los 'populares' también piden en su enmienda que se desarrollen "campañas de sensibilización que permitan modificar la percepción social del uso de las mujeres como mercancía sexual y obtener una repulsa social generalizada hacia el comercio sexual de mujeres".
También proponen incrementar el número de efectivos y recursos materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dedicados a combatir la explotación de mujeres, así como que los fiscales "extremen la persecución de las conductas relativas a la prostitución, con particular atención a las que se lleven a cabo en la vía pública".
CIU, EN CONTRA DE NORMALIZAR LA PROSTITUCIÓN
Mientras, Mercè Pigem (CiU) rechazó "normalizar" la prostitución porque la sociedad entiende que "lo que se regula es bueno y esto no es así" y recalcó que lo prioritario es combatir los delitos y la vulneración de los derechos de las mujeres que ejercen esta actividad de forma obligada. Una vez resuelto este tema, indicó, "podremos hablar" de regularizar la prostitución.
Por su parte, el diputado PNV Joseba Aguirretxea pidió "superar el debate entre regularización o prohibición" y que se tomen medidas para atajar el origen del tráfico de seres humanos, que es la pobreza, lo que coloca a las mujeres "en una situación de indefensión y vulnerabilidad". Además, recalcó la responsabilidad del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de perseguir los delitos relacionados con la prostitución.
Desde el BNG, Olaia Fernández se mostró partidaria de regular algunos aspectos del ejercicio de la prostitución voluntaria, como que las mujeres puedan cotizar en la Seguridad Social, mientras que UPN pidió que a las administraciones públicas y a los agentes sociales colaboren en la reducción de esta actividad. Por último, UPyD coincidió esencialmente con la moción de los republicanos.
Todos los grupos resaltaron la necesidad de implantar medidas tendentes a acabar con esta actividad, así como planes para la inserción social y laboral de las mujeres que quieran abandonar la prostitución. Además, quieren que en la próxima reforma del Código Penal se incluya piden introducir el delito de trata de seres humanos.
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