Santiago de Compostela.- El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha señalado hoy que no debe haber nerviosismo en las empresas que presentaron un proyecto "sólido y solvente" al concurso eólico, mientras sí deben tener preocupación aquellos grupos que tienen planes "sin contenido" o que acudieron con la intención de no ejecutarlos.
Así se pronunció el responsable de Industria ante el Parlamento, donde compareció para explicar su política en torno al sector eólico, que recibió las críticas de la oposición por entender que el Gobierno gallego trata de beneficiar a las grandes empresas.
Guerra defendió ante la Cámara la decisión del nuevo Gobierno de regular por Ley el sector eólico, ya que la Comunidad carece de norma específica en la materia, mientras también recordó que se decidió suspender el concurso eólico de la anterior administración, que consideró fue "fruto de la descomposición de dos Gobiernos", porque el método elegido era "inviable jurídicamente".
El conselleiro insistió en que durante la gestión del Gobierno de coalición el sector estuvo "paralizado" y Galicia perdió el liderazgo, al pasar del primer puesto al tercero en España, y justificó su decisión de suspender el concurso en un informe jurídico de la Xunta que hablaba de "tacha de ilegalidad".
Además, insistió en que el decreto eólico fue "oscuro e inconstitucional" y reiteró que, como tenía previsto el decreto, no se puede obligar a la administración a tomar parte en los proyectos eólicos, porque va contra el principio de libertad de empresa.
No obstante, reiteró que el canon que contiene la futura ley, y que gravará a los molinos de viento, supondrá el "retorno" a Galicia de parte de los beneficios de estas explotaciones energéticas.
Según Guerra, la política eólica de la Xunta trata de volver a la legalidad y la nueva política en la materia respetará el medio ambiente, de forma que la administración, afirmó, no autorizará parques en zona de la Red Natura.
El titular de Industria anunció también que el próximo día 28 se reunirán en Galicia los directores de Red Eléctrica Española para definir la capacidad de evacuación de energía, que a su juicio no había definido el bipartito.
Finalmente, el titular de Economía e Industria reiteró su creencia de que la administración gallega no va a tener que hacer frente a indemnizaciones de las empresas que resultaron beneficiarias de su admisión a trámite en el concurso, ya que ello no supone la creación de derechos, y agregó que el propio canon que prevé la futura ley recoge un fondo para hacer frente a esta eventualidad.
Por su parte, socialistas y nacionalistas acusaron a la Xunta de intentar beneficiar a las grandes empresas, y recordaron que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, fue abrazado en su toma de posesión por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. También recordaron al PP que el modelo eólico de la Xunta de Fraga dio lugar a situaciones de presunta irregularidad, como el "tráfico" de concesiones otorgadas "a dedo" a "amigos" del PP.
El portavoz del BNG, Carlos Aymerich, sostuvo que el actual Ejecutivo oculta que un informe de un letrado de la Xunta "desmonta punto por punto" una demanda que presentó Endesa Renovables contra el decreto del bipartito, lo que contrapuso con el que suscribe la asesoría jurídica de la Xunta, que se trata de un nombramiento político, "de parte", dijo.
En opinión de Carlos Aymerich, los populares quieren cometer una "prevaricación legislativa", ya que suspendieron el concurso sin haber reclamado de la Justicia que, de oficio, determinase o no la legalidad del decreto, en caso de que el Ejecutivo tuviese dudas razonables sobre el.
"Para constitucional, Millán Astray", bromeó el socialista Abel Losada para rebatir la inconstitucionalidad del decreto citada por el conselleiro, en referencia también a la postura del portavoz del PP coruñés, Carlos Negreira, contrario a la retirada de un busto de este personaje franquista.
A juicio de Losada, el decreto "puede ser mejorable" pero era "infinitamente mejor que la herencia recibida", en que el método era otorgar licencias "a dedo" entre dirigentes del PP, con lo que se acababa con el "lamentable tráfico de megavatios".
Finalmente, dijo estar "perplejo", como economista, de que una empresa se pronuncie a favor de un impuesto, en referencia a las declaraciones sobre esta tasa del presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró.
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