Madrid.- Las federaciones de Enseñanza de UGT y CCOO han advertido hoy de que dar rango de autoridad pública a los profesores "no mejora por sí solo la convivencia en los centros educativos", por lo que han reclamado acompañar esta medida de otras como "equilibrar la escolarización de alumnos con necesidades especiales".
Sus responsables y los de la FAPA Giner de los Ríos, que se han reunido para abordar este asunto, han desempolvado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la Convivencia Escolar que registraron con más de 72.000 firmas en la Asamblea de Madrid en abril de 2007 y que no se llegó a tramitar, pese a estar calificada por la Mesa de la Cámara.
A su juicio, una respuesta "eficaz" a los problemas de convivencia escolar implica, por ejemplo, corregir que la enseñanza pública absorba al 80% de los alumnos con necesidades educativas especiales y al 75% de los inmigrantes, dotar de más medios materiales y humanos a los centros públicos y rebajar las ratio en las clases con mayor número de alumnos con necesidades especiales.
En ese sentido, la ILP proponía que en cada centro sostenido con fondos públicos el alumnado con necesidades específicas o desfase curricular no superara, por exceso o por defecto, en un margen máximo del 10% la proporción existente en los centros de su entorno.
También fijaba la ratio máxima en Educación Infantil en 20 alumnos por aula, establecía que todos los centros educativos contarían con un Plan de Convivencia y apostaba por la creación de un Observatorio Regional de la Convivencia Escolar.
"Dignificar a los profesores se hace de muchas formas y no a coste cero", ha aseverado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, que ha reclamado a la presidenta Esperanza Aguirre que "abra un debate para llegar a un gran acuerdo".
Virginia García, de FETE-UGT, ha subrayado que su ILP planteaba medidas tanto "preventivas" como "correctoras" para resolver los problemas de convivencia en los centros y ha asegurado que hace dos años el PP "hurtó el debate" parlamentario de esa iniciativa "por razones presupuestarias, porque no quiere gastar un duro en Educación".
La ILP por la Convivencia Escolar, que contó en su día con el apoyo del PSOE e IU, contemplaba la protección de la Comunidad a todos los trabajadores de los centros educativos víctimas de violencia, así como a los alumnos también víctimas y a sus familias.
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