Mérida.- Comisiones Obreras de Extremadura ha considerado hoy que el Compromiso Social por la Convivencia de la región tiene instrumentos "eficaces y válidos" para tratar los asuntos de convivencia escolar si se lleva a efecto con todas sus consecuencias.
En un comunicado remitido a Efe, el sindicato se ha referido así al anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de proponer una Ley de Autoridad del Profesor que otorgue a los docentes madrileños la condición de "autoridad pública", como lo son ya los jueces e inspectores de sanidad, y la petición en el mismo sentido de algún sindicato de enseñanza extremeño.
La Federación de Enseñanza de CC.OO de Extremadura estudiará la propuesta cuando esté plasmada en un proyecto de ley y la conozca detalladamente, pero advierte de que, por el momento, sólo se trata de un "anuncio mediático".
CC.OO ha recordado que el Compromiso Social por la Convivencia cuenta con el Observatorio Regional para la Convivencia, un órgano permanente donde está la Fiscalía o las organizaciones representativas del profesorado.
El sindicato ha apuntado que es en ese marco donde tienen sentido las propuestas serias sobre la materia.
Para CC.OO, el profesorado necesita el respaldo "decidido e incondicional" de las administraciones no sólo para evitar que sufran agresiones verbales o físicas en el ejercicio de su labor sino para que, cuando éstas se produzcan, se tramite la denuncia y la sanción correspondiente.
También es imprescindible concienciar a los padres del alumnado de la importancia de respetar al profesorado y la función docente.
En este sentido, ha recordado que el fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, ha propuesto que las agresiones a los docentes tengan el carácter de atentado contra autoridad pública y que hay una resolución de la Fiscalía General de Estado en este sentido.
CC.OO ha exigido a la Consejería de Educación la puesta en práctica de varias medidas para responder con contundencia y rapidez a cualquier tipo de agresión física o moral al profesorado, tanto en los centros públicos como concertados.
Entre estas demandas están la asistencia inmediata tanto jurídica como psicológica al profesorado o tratar las agresiones físicas o verbales a docentes por los adultos como una agresión a funcionario público.
Del mismo modo, para los menores, cuando hayan fracasado las medidas educativas correctivas, será de aplicación lo determinado en la legislación correspondiente.
La reducción del cupo de profesores y el elevado porcentaje de precariedad laboral que sufre el colectivo docente y la continua rotación de profesores en las aulas es, a su juicio, un elemento de riesgo para el clima de convivencia.
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