Madrid.- El Gobierno de Madrid abrirá un diálogo con los representantes de los colegios privados y concertados de la Comunidad para estudiar "todas las posibilidades legales" que permitan incluir a los docentes de estos centros en la futura Ley de Autoridad del Profesor, anunciada por la presidenta Aguirre.
Así lo ha indicado hoy en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Educación de la Comunidad, Lucía Figar, quien ha destacado la repercusión a nivel nacional que ha tenido esta futura norma lo que, ha dicho, demuestra que era "necesaria" y muy demandada por la comunidad educativa.
Una repercusión que, según ha recordado el portavoz del Gobierno madrileño, Ignacio González, ha llevado incluso al Rey a hacer "una llamada de atención" sobre la necesidad de "poner orden" para que se respete la autoridad de los profesores en los centros escolares.
La Consejera de Educación ha destacado asimismo el "drama" ocurrido ayer en un colegio público de Madrid, donde el padre de un alumno agredió a la directora del centro y amenazó de muerte al jefe de estudios, casi al tiempo en que el pleno de la Asamblea debatía la propuesta de Ley de Autoridad del Profesor y sólo tres días después de que comenzara el curso.
Según Figar, este agresor -que a mediodía de hoy será juzgado por sus actos de ayer- ha pasado la noche detenido en dependencias policiales y su actuación, ha dicho, "confirma que la Ley es necesaria" y "urgente", por lo que el Gobierno regional quiere enviarla pronto a la Asamblea para que sea aprobada en este periodo de sesiones.
Ha asegurado que el Gobierno de Madrid siempre ha sido partidario de "no interferir en la autonomía de los centros educativos privados y concertados", pero ha informado que existe "una clara unanimidad" en este ámbito a favor de que su personal docente esté protegido también por la futura Ley de Autoridad.
Por ello, ha anunciado que la Comunidad de Madrid reunirá a los sindicatos y a la patronal de estos centros en las mesas de diálogo que tiene abiertas "para conocer su opinión" y que estudiará todas las medidas legales que permitan dar a estos profesores el mismo grado de protección que tendrán los de la enseñanza pública, que tienen la consideración de funcionarios.
Según Figar, el Gobierno de Madrid considera que esta Ley "debería extenderse a todo el ámbito nacional" pues, según ha dicho, en otras comunidades como Cataluña o Valencia hay "iniciativas similares, pero no iguales" a la de Madrid y porque la LOE autoriza a las comunidades a adoptar medidas para que los profesores "reciban el trato y la consideración" que les corresponde.
Un trato que, según ha informado, no incluirá la obligatoriedad de llamar de usted al profesor, ni lo situará en un estrado a una altura superior a los alumnos, ni obligará a dirigirse a él con un saludo especial, algo que, sin embargo, representa un gesto "de buena educación" para el vicepresidente madrileño .
Según González, el Gobierno regional tiene una disposición "enorme" a dialogar con la oposición sobre la futura Ley con el fin de que el proyecto del Ejecutivo madrileño alcance el "mayor grado de consenso posible" y poder aprobarla pronto, si bien para Figar no es "muy positivo" que el líder de los socialistas, Tomás Gómez, la haya calificado ya de "chapuza".
Para el vicepresidente regional, "lo más importante" es que "hemos puesto el dedo en la yaga sobre una cuestión pendiente: la necesidad de recuperar el orden y la disciplina en los colegios" y de acabar "con la falta de respeto a los profesores", peticiones que, ha añadido, eran "muy demandadas por la sociedad".
Por su parte Figar ha recordado que existe "una circular" de la Fiscalía que "recomienda" que las agresiones a los profesores se contemplen a la luz del código penal, pero que no "obliga al juez" a actuar, en tanto que la Ley que proyecta el Gobierno madrileño tendrá efectos en el ámbito administrativo, disciplinario y penal y otorgará reconocimiento institucional a la función docente.
Por otro lado, Ignacio González ha considerado que "no es necesario" constituir una Comisión de Educación en la Asamblea de Madrid (como solicitó ayer la oposición en el debate del estado de la región) pues "ya existe una que se reúne todas las semanas para tratar todas las cuestiones referentes al ámbito educativo, sin ninguna limitación".
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