Madrid.- Los sindicatos han pedido hoy que la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de otorgar a los profesores rango de autoridad pública, esté acompañada de medidas que apoyen la convivencia escolar y mejoren el clima en las aulas.
Los sindicatos de enseñanza FETE-UGT, CCOO, CSIF y ANPE, han valorado la propuesta en sendas notas enviadas hoy, y si bien coinciden en la necesidad de que se reconozca la autoridad del profesor, discrepan en la eficacia de la ley anunciada por Aguirre.
FETE-UGT considera que la autoridad del profesorado se tiene que ir conquistando día a día y que si el problema de la violencia escolar está asentada en todos los centros educativos, será insuficiente que la ley sólo se aplique a los profesores funcionarios, y no a los de la concertada.
El sindicato plantea otra serie de medidas como la incorporación de nuevas figuras profesionales, ampliar las plantillas y una red de orientación.
CCOO apunta en la misma línea y advierte en su nota de que "esta medida sin la puesta en marcha de actuaciones complementarias no va a resolver los conflictos que tienen los centros" e insta a la presidenta de Madrid a "homologar" las retribuciones de los profesores con el resto de las CC.AA si quiere "dignificar al profesorado madrileño".
En todo caso exige que se negocie el Proyecto de Ley con los sindicatos y las organizaciones representativas de la comunidad educativa.
La central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que la propuesta "ayudará a resolver el problema de la violencia en los centros" y la apoyarán como uno de los requisitos para aumentar la calidad del sistema educativo español.
Para CSIF, que hace muchos años que reclama esta medida, es también necesario que esté acompañada por una serie de acciones encaminadas a erradicar el problema, como la concienciación de los alumnos o la sensibilización de los padres.
El Sindicato Independiente ANPE estima "muy positivamente esta medida" y recuerda en su nota que el reconocimiento de la autoridad del profesor es una reivindicación "histórica" y señala que se inicia el camino hacia un modelo educativo que permita el pleno ejercicio del derecho a la educación.
ANPE señala que considerar al profesor como una autoridad pública "no le convierte en un policía uniformado", sino que le dota de una protección especial.
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