Palma.- El Parlament balear ha aprobado, por asentimiento, la redacción de un decreto que regule el derecho a la segunda opinión médica en el sistema de salud balear, para lo que, según ha defendido el PSOE, no es necesario ampliar la plantilla sanitaria actual.
El diputado del PSOE Miquel Gascón ha presentado la proposición en el pleno de hoy -con el que se ha retomado el periodo de sesiones tras el verano-, una norma que desarrolla las leyes estatal y autonómica que prescriben este derecho.
Gascón ha indicado que el decreto tendrá que regular quién tendrá derecho a la segunda opinión, qué facultativos la llevarán a cabo y en qué condiciones, para lo que se observarán los métodos utilizados en las comunidades autónomas que ya han lo han desarrollado.
En cualquier caso, Gascón ha indicado que el decreto garantizará el derecho de los ciudadanos a ser informados de su enfermedad y el derecho a su autonomía, ya que, en determinados casos, el paciente podrá decidir acerca del tratamiento a seguir (especialmente en enfermedades graves).
En respuesta a la petición del PP de incluir en la proposición aprobada hoy una enmienda que inste al Govern a establecer los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar este derecho, el diputado socialista ha dicho que no es necesario ampliar el personal sanitario para ponerlo en marcha ya que "los medios que hay son suficientes".
Ha sido la diputada del PP Carmen Castro quien ha presentado "in voce" la citada enmienda, que responde, ha dicho, a la necesaria "respuesta de calidad" que debe dar el sistema sanitario en la segunda opinión médica. En caso contrario, ha abundado la diputada popular, este decreto no se podrá poner en práctica.
El diputado del Bloc Antoni Alorda se ha felicitado por el desarrollo de este derecho en Baleares y ha confiado en que la Conselleria de Salud lo lleve a cabo pronto, al tiempo que ha afirmado que la práctica de otros países en torno a este tema puede servir para que se articule correctamente en las islas.
El pleno de hoy también ha rechazado una proposición del PP relativa a política lingüística, en la cual los populares pedían que los libros de texto se publicaran en las lenguas propias de cada isla y se derogara un artículo del llamado "decreto de mínimos" de 1997, que prevé una excepción a que las clases se impartan mitad en castellano y mitad en catalán.
Según ha defendido la diputada popular Isabel Llinàs, esta excepción se ha convertido "en algo habitual" y actualmente no se garantiza el derecho a que la mitad de la educación se imparta en castellano.
El diputado del Bloc Antoni Alorda ha considerado que el PP está "inquieto" porque en Baleares se habla "demasiado catalán", lo que ha tildado de "absurdo", al igual que el diputado de UM en el grupo mixto Josep Melià, quien ha opinado que el PP hace un "uso perverso" de la política lingüística.
En la misma línea se ha pronunciado la diputada del PSOE Cristina Rita, quien ha dejado claro que nadie duda que "la lengua propia de las Islas Baleares es la catalana".
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