MADRID.- La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy por cuatro votos a uno no investigar al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por decretar la libertad bajo fianza de la etarra Maite Aranalde, que se dio a la fuga unos días después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 adoptara esta resolución judicial.
Según fuentes del CGPJ, el voto discrepante correspondió al vocal José Manuel Gómez Benítez, ex abogado del juez Baltasar Garzón, que consideró que el órgano de gobierno de los jueces debería incoar una información previa al objeto de investigar debidamente los hechos, que fueron denunciados por el sindicato Manos Limpias.
El pasado 3 de septiembre, la Comisión Permanente del CGPJ tomó conocimiento de la decisión de la Audiencia Nacional de no adoptar ninguna medida contra Velasco, al considerar que tanto la imposición de la fianza como la orden de ingreso en prisión dictada posteriormente por Garzón se ajustaban a la ley.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional concluyó, tras recabar toda la información disponible desde el momento en que la miembro de ETA fue entregada a la Audiencia Nacional --donde tenía pendientes dos causas por tenencia de explosivos y estragos-- por las autoridades francesas, que no se produjeron anomalías en el funcionamiento "sin perjuicio ni invasión de lo que pueda considerar al respecto el CGPJ".
LIBERTAD BAJO FIANZA
La falta de documentación sobre la presunta participación de la etarra en la colocación de bombas en 2004
provocó que sólo pudiera abordarse su relación con la acumulación de dinamita, cuestión que recayó en el juez Eloy Velasco, en sustitución de su compañero Baltasar Garzón que estaba en ese momento de vacaciones.
Velasco decidió imponer a la etarra una fianza de 12.000 euros para eludir la prisión. El pago de esta cantidad por parte de su familia provocó su inmediata liberación de la cárcel de Soto del Real, el pasado 27 de agosto.
Después, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión de Velasco y pidió que se impusieran a la etarra mayores medidas cautelares para evitar su huída, entre ellas vigilancia policial permanente y comparecencias diarias en comisaría. Esta petición del Ministerio Público no fue resuelta hasta el regreso del juez Garzón, quien decidió revocar la libertad y ordenó su inmediato encarcelamiento.
No obstante, cuando las Fuerzas de Seguridad se dirigían a cumplir la orden del juez, comprobaron que la etarra no se encontraba en su domicilio. Su búsqueda resultó infructuosa, lo que obligó a Garzón a dictar una orden de busca y captura en su contra, al considerar que se había dado a la fuga.
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