Santiago de Chile.- El Gobierno chileno anunció hoy, coincidiendo con el 36 aniversario del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, la reapertura de los informes "Rettig" y "Valech" sobre víctimas de la dictadura chilena.
El ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, indicó que para reabrir ambos documentos solo resta "cumplir con el compromiso adoptado en la Cámara de Diputados y enviar un veto aditivo" al proyecto de ley destinado a crear el Instituto de Derechos Humanos.
Si todo va según los plazos previstos, agregó el secretario de Estado, se podrían reabrir los informes a partir del próximo noviembre.
La Comisión Rettig documentó en 1991 los casos de ejecutados y desaparecidos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), mientras que la Comisión Valech investigó en 2003 los casos de los torturados y presos políticos.
En cuanto a las nuevas diligencias que se llevarán a cabo, Viera-Gallo afirmó que en la Comisión Rettig no habrá "un gran trabajo" porque "son pocos los detenidos desaparecidos que no se hayan identificado".
Sin embargo, aseguró que la reapertura de la Comisión Valech será más laboriosa y que tendrá un plazo de seis meses para recibir los testimonios de las personas que no se presentaron en 2003.
"Entre ellos hay 4.000 (personas) que sí se presentaron en España en el juicio del caso Riggs y que no están calificados" en el recuento anterior, precisó el ministro.
En 2005, la justicia chilena abrió una investigación en contra del ex general Augusto Pinochet por la procedencia de una fortuna, calculada en 26 millones de dólares, que mantenía en el Riggs Bank y otras entidades extranjeras.
El proceso, conocido como caso Riggs, sirvió para que varias víctimas del régimen militar, entre ellas algunas refugiadas en España, presentaran demandas reclamando indemnizaciones por los daños sufridos durante la dictadura.
Viera-Gallo indicó que el Ejecutivo que encabeza la presidenta Michelle Bachelet "ha cumplido a cabalidad" la agenda en materia de derechos humanos.
"Chile forma parte de la Corte Penal Internacional; el parlamento ha aprobado la convención de Naciones Unidas contra la desaparición forzosa de personas, el protocolo de la Convención contra la Tortura y la creación del Instituto de Derechos Humanos, que va a velar para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones", dijo.
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