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ETT prevén que paro afecte al 30 por ciento de la población activa en Canarias a final de año

EFE
Actualizado 11-09-2009 15:47 CET

Las Palmas de Gran Canaria.-  La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal y la consultora Analistas Financieros Internacionales estimaron hoy que el paro afectará a entre un 28 y un 30 por ciento de la población activa en Canarias a finales de 2009 y a más del 20 por ciento de la española.

Así lo manifestaron en la presentación del boletín "Avance del Mercado Laboral" el presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), Francisco Aranda, y el socio director del área económica de Analistas Financieros Internacionales (AFI), José Antonio Herce.

"En los próximos trimestres, por no decir años, la economía canaria tendrá dificultades serias para crecer de manera significativa, por encima del uno por ciento, yo que se si en 2011, y hasta cierto punto podría decir lo mismo de la economía española", afirmó el economista José Antonio Herce.

Pese a augurar que en 2010 la economía española va a seguir "cayendo", Herce auguró que en el segundo semestre del próximo año el paro registrado "empezará a disminuir", lo que permitirá que se produzca un "crecimiento de la actividad y de la productividad".

A su juicio, la diferencia de la actual crisis económica con la que se produjo en 1993 es que aquélla la ocasionó una "recesión convencional en forma de U" y a ésta se ha sumado "una restricción crediticia que es complicada de superar".

José Antonio Herce auguró que el próximo mes de noviembre España tendrá 18,6 millones de ocupados, frente a los 18,6 millones registrados el pasado mes de agosto, lo que implicará, afirmó, que entre junio y noviembre haya 350.000 empleos menos y que en noviembre se registren 1.250.000 ocupados menos que los que se contabilizaban en el mismo mes de 2008.

El economista destacó que el crecimiento del paro en España ha originado que el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo, tanto contributivas como asistenciales, aumente en 900.000 efectivos hasta llegar a los 2,7 millones y consideró que éste es uno de los "rasgos más preocupantes de la recesión laboral, sobre todo por el peso que tienen las prestaciones asistenciales".

Herce destacó que el 80 por ciento de la cobertura de la prestación se concentra en tres comunidades: Andalucía, Extremadura y Cataluña y recordó que en las dos primeras se percibe el subsidio agrario, hecho que explica.

Por su parte, el presidente de la AGETT, Francisco Aranda, apeló a la diligencia del Gobierno español para que transponga cuanto antes, pese a que, desde su aprobación, a finales de 2008, tiene un plazo de tres años para hacerlo, una directiva europea que permitiría a estas empresas gestionar contratos indefinidos, en lugar de exclusivamente temporales, como ocurre hasta ahora, y en más sectores, como la sanidad, la construcción o las administraciones públicas.

"Este año se destruirá en España el doble de empleos que en 2008 y somos capaces de ayudar al Gobierno, como lo estamos haciendo en Europa", afirmó Aranda, quien manifestó que se ha reunido con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para solicitarle la trasposición de esta directiva.

"No tomando esas medidas estamos perjudicando a los desempleados en España, que tienen una herramienta menos que los parados en Francia para integrarse en el mercado de trabajo, que además es gratuita, por lo que no tiene sentido que se mantenga esta restricción", aseveró Aranda.

Respecto al trabajo que desarrollan los servicios públicos de empleo en cada comunidad autónoma, Francisco Aranda consideró que "el servicio público de empleo estatal sólo hace políticas pasivas de empleo" y aseguró que algunas autonomías "de todos los partidos políticos" han pedido colaboración a la asociación que representa.

"Estamos totalmente de acuerdo con que los servicios públicos de empleo sean la espina dorsal de la gran malla de apoyo al empleo, en la que no solamente tiene por qué estar el servicio público, también pueden estar otros colaboradores, convenientemente regularizados y tutelados por los servicios públicos de empleo, que ayuden y colaboren con ellos, como se está haciendo en toda Europa, no entendemos por qué no se está haciendo aquí", aseveró.

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