Roma.- El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) aprobó ayer cuatro documentos que tutelan a los magistrados criticados por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, quien los acusó de emitir sentencias contra él para lograr objetivos políticos, informaron hoy los medios de comunicación italianos.
Entre los magistrados que el CSM decidió tutelar, en virtud del poder conferido por el articulo 21 bis de su reglamento, se encuentran Nicoletta Gandus y Fabio De Pasquale, respectivamente juez y fiscal del proceso contra David Mills, abogado inglés y ex consultor del coloso industrial Fininvest (que pertenece a la familia Berlusconi).
El pasado 17 de febrero, Mills fue condenado por el Tribunal de Milán a cuatro años y seis meses de cárcel por falso testimonio y corrupción en actos judiciales en favor de Silvio Berlusconi, según la sentencia.
El proceso contra a Mills demostró que el abogado inglés recibió 600.000 dólares, depositados en su cuenta corriente por el jefe del Ejecutivo a través del representante Carlo Bernasconi, para que testimoniara en falso en dos procesos sobre la compraventa de derechos televisivos, en los cuales el primer ministro era imputado.
Berlusconi pidió la recusación de la juez Nicoletta Gandus, porque la consideraba "politizada", pero el Tribunal de Apelación de Milán y el Tribunal Supremo rechazaron su petición.
El jefe del Gobierno italiano de momento se ha salvado del proceso "Mills" gracias al "lodo Alfano", la ley que suspende los procesos contra lós altos cargos del Estado, que fue aprobada por el Parlamento italiano.
Las actas votadas por el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) tutelan también al fiscal Armando Spataro, responsable de las investigaciones sobre el caso Abu Omar, el imán de Milán que fue secuestrado y trasladado a Egipto, su país de origen, por diez agentes de la Agencia Central de Inteligencia (ACI) y por un carabinero italiano.
Además, serán tutelados por el CSM los fiscales de Nápoles responsables de las investigaciones sobre los casos de las basuras y de Agostino Saccà, ex presidente de "Rai Fiction", a quien Berlusconi prometió ayudas en su carrera política a cambio de ofrecer trabajo a determinadas actrices en telenovelas transmitidas por la televisión Rai, aunque el caso fue archivado.
El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) defenderá también a los jueces del Tribunal Supremo que emitieron la sentencia que autorizó la muerte de Eluana Englaro, la mujer de Udine, ciudad situada en el norte de Italia, que vivió en estado vegetativo permanente durante 17 años, afectados por los ataques de políticos italianos.
Las actas de tutela fueron aprobadas por todos los miembros del CSM, excepto por los representantes laicos del partido Pueblo de Libertad (PDL), Gianfranco Anedda y Michele Saponara.
El vicepresidente del Consejo, Nicola Mancino, se abstuvo sólo sobre el documento a favor de Nicoletta Gandus, que imputa a Berlusconi por "expresiones denigrantes hacia el magistrado o la actividad jurisdiccional", informaron los medios italianos.
El primer ministro se salvó sólo en el caso del ex presidente de la Región de Abruzzo, Ottaviano Del Turco, encarcelado por las acusaciones de asociación para delinquir, estafa y corrupción, por el cual el CSM reconoció el uso legitimo del derecho de crítica.
Como conclusión, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) discutió del mensaje enviado por el Presidente de la República, Giorgio Napolitano, que es también Presidente del CSM, el pasado 4 de septiembre, en el que pidió al Consejo "equilibrio y sentido de responsabilidad" en el uso de las actas de tutela.
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