Lima.- El Gobierno peruano autorizó hoy por decreto de urgencia la compensación extraordinaria de 55.000 soles (18.300 dólares) para los familiares de los cinco militares muertos en el combate al terrorismo en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) en las últimas semanas.
El decreto señaló que "resulta de interés nacional y urgente" emitir una disposición con rango de ley y de carácter excepcional destinada a brindar una compensación a favor de los deudos de los fallecidos en cumplimiento de su deber con motivo de los últimos enfrentamientos ocurridos en la zona del VRAE.
La norma se emite a favor de los familiares de los mayores de la Fuerza Aérea Ángel Vejarano y Jorge Sánchez, el técnico Carlos Caicedo y los sargentos Saúl Pérez y Ronald Alegría, fallecidos en dos ataques distintos.
Los tres primeros formaban parte de la tripulación de un helicóptero de la fuerza aérea derribado el último 3 de septiembre por la banda armada Sendero Luminoso, mientras que los dos últimos integraban una patrulla emboscada por los senderistas en el VRAE el pasado 26 de agosto.
La aplicación de la compensación se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, precisó el decreto.
Según fuentes militares citadas hoy por el diario Correo, los pilotos del helicóptero derribado la semana pasada en el VRAE murieron decapitados.
Otra de las medidas aprobadas por el Ejecutivo, publicadas hoy en la gaceta oficial, fue el incremento de las recompensas para quien entregue información que permita la captura de los mandos de Sendero Luminoso.
La recompensa para quien permita la captura de un mando político o militar será de un millón de soles (333.333 dólares), mientras que el beneficio para quien facilite la captura de un mando logístico será de 500.000 soles (166.666 dólares).
De otro lado, el Ejecutivo también publicó hoy la declaratoria de emergencia por la presencia del narcotráfico y el terrorismo en el distrito de Cholón de la provincia de Marañón y en la provincia de Leoncio Prado (región Huánuco), en la provincia de Tocache (región San Martín) y en la provincia de Padre Abad (región Ucayali).
Esas jurisdicciones selváticas estarán bajo estado de emergencia por 60 días y el Ministerio del Interior mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.
El estado de emergencia ya rige en la zona del VRAE, que comprende territorios de las regiones Ayacucho, Junín, Cuzco y Apurímac.
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