Madrid.- El Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF se reunirán el próximo jueves para retomar el diálogo social en la función pública y negociar, entre otros temas, la evolución de los salarios de los funcionarios y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Según un comunicado del Ministerio de Presidencia, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, convocó hoy a los sindicatos mayoritarios de la función pública con el fin de "propiciar un acuerdo".
La reunión denominada Foro para el Diálogo Social será a las 17.00 horas en el Ministerio de Presidencia, en el Complejo de la Moncloa y estará presidida por la vicepresidenta primera.
A la misma asistirán la secretaria de Estado de la Función Pública, Carmen Gomis, el subsecretario de Presidencia, Juan José Puerta, los secretarios generales de la federación de Servicios Públicos y para la Ciudadanía de UGT y CCOO, Julio Lacuerda y Enrique Fossoul, respectivamente, así como el presidente del sindicato CSIF, Domingo Fernández.
Se trata del primer encuentro formal entre las partes para preparar el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 que obligatoriamente debe presentar el Gobierno en la Mesa General de las Administraciones Públicas.
La reunión se produce después de que los sindicatos CCOO y UGT enviasen al Gobierno un documento unitario en el que se muestran dispuestos a que haya una "contención solidaria salarial" de los funcionarios, siempre y cuando se mantenga el poder adquisitivo.
Según la vicepresidencia primera del Gobierno, el acuerdo de la función pública debe "impulsar la mejora de la calidad, la eficacia y la productividad de los servicios públicos", dentro del nuevo modelo de economía sostenible que quiere promover el Ejecutivo.
El miembro de la ejecutiva nacional de CSIF Miguel Borra declaró hoy a Efe que acuden al encuentro "contentos" de que una persona con "peso político e influencia" como es la vicepresidenta primera "intente desbloquear" los temas pendientes en la Función Pública, después de dos años y medio.
En el tema retributivo señaló que los sindicatos aceptan la propuesta del Ejecutivo de firmar un "pacto de legislatura" que abarque los tres años que restan al Gobierno, "siempre y cuando los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo".
Así, explicó que en el primer año las subidas de los salarios deben ser "iguales o cercanas" al crecimiento de la inflación prevista, pero que en el caso de que la inflación real sea inferior a la prevista, el Gobierno debe promover mecanismos para que en los dos años siguientes "se corrija esa desviación".
"No podemos aceptar que los empleados públicos pierdan poder adquisitivo, y éste es un condicionante innegociable", aseveró, tras señalar que en época de crisis "todos estamos dispuestos a apretarnos el cinturón".
No obstante, apuntó que el tema salarial ocupó "apenas cinco minutos" en la última reunión que mantuvieron con De la Vega el pasado viernes y dijo que hay "decenas de temas importantes encima de la mesa", como el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se incluye la Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado.
Al respecto, dijo que esta ley es "básica" para que las Comunidades Autónomas la tomen de referencia y se termine de cohesionar la Función Pública en España.
También señaló otros temas pendientes de acuerdo como son los relativos a las carreras profesionales, a la promoción o a las jubilaciones.
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