Tegucigalpa.- El Gobierno de facto de Honduras de Roberto Micheletti sigue respondiendo con reciprocidad al creciente cerco diplomático internacional impuesto con el propósito de restituir al derrocado presidente Manuel Zelaya, sacado del poder y del país el pasado 28 de junio.
Brasil se sumó este jueves al cerco diplomático que varios países americanos y europeos han impuesto al Gobierno de facto con su decisión de dejar en suspenso a partir de mañana, sábado, los acuerdos de supresión de visados con Honduras.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó ayer en Brasilia, mediante una nota oficial, de que la suspensión se aplicará a todos los ciudadanos hondureños, incluidos los diplomáticos, pero no afectará a los que ya estén en ese país.
En Tegucigalpa, el Ministerio hondureño de Relaciones Exteriores dijo hoy en un comunicado que, "en aplicación del principio de la estricta reciprocidad, ha decidido suspender los acuerdos sobre exención de visas en pasaportes corrientes, diplomáticos, oficiales o de servicio" con Brasil.
Por lo tanto, "todo portador de pasaporte brasileño requerirá, a partir de hoy, de un visado para ingresar a Honduras", medida que no afectará a quienes residen legalmente en el país, señaló.
Brasil también mantiene en suspenso todos los programas de cooperación con Honduras, de donde también retiró a su embajador.
La decisión se produjo el mismo día en que Estados Unidos congeló su ayuda económica al régimen de Micheletti y anunció que suspenderá visados a miembros del Gobierno hondureño y personas afines.
Estados Unidos suspendió la semana pasada los trámites de nuevas visas a hondureños en su embajada en Tegucigalpa, excepto para casos de emergencia.
Washington también desconoció en julio al anterior embajador hondureño, Roberto Flores Bermúdez, después de que éste se pusiera a disposición del Gobierno de Micheletti, y aceptó como jefe de la legación hondureña al secretario privado de Zelaya, Eduardo Reina.
A finales de julio, Estados Unidos suspendió los visados diplomáticos a cuatro funcionarios hondureños: el ministro de Defensa, Adolfo Sevilla; el presidente del Parlamento, Alfredo Saavedra; el Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Tomás Arita.
Arita firmó, en su condición de juez nombrado por los 15 magistrados de la Corte Suprema, la orden de captura y allanamiento contra Zelaya, que fue ejecutada por los militares el 28 de junio.
El Gobierno de Micheletti rompió en julio relaciones diplomáticas con Venezuela y ordenó la salida de su personal de la embajada en Tegucigalpa.
A petición de Zelaya, varios países han retirado las credenciales a los embajadores de Honduras porque aceptaron al Gobierno de Micheletti.
El 13 de agosto, Argentina desconoció a la embajadora hondureña, Carmen Ortez, y ordenó la salida del personal diplomático de la embajada de Honduras en Buenos Aires.
Una semana después, la cancillería hondureña aplicó una medida similar a la representación argentina en Tegucigalpa.
Uruguay y Paraguay también retiraron sus respectivos beneplácitos a Ortez, quien era embajadora concurrente en esos países.
Chile retiró el 12 de agosto las credenciales al embajador hondureño, Francisco Martínez, quien había hecho declaraciones favorables al Gobierno de Micheletti.
El 19 de agosto España retiró las credenciales, privilegios e inmunidad diplomática al embajador hondureño, Eduardo Martell, y le ordenó su salida del país.
Un día antes Costa Rica había anunciado la retirada de las credenciales de la embajadora de Honduras, Koritza Suazo.
A pesar de estas y otras sanciones diplomáticas y económicas, Micheletti reiteró hoy que no dará "ni un paso atrás" en su Gobierno y que sólo entregará el poder el 27 de enero de 2010 al presidente que resulte de las elecciones del 29 de noviembre.
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