Barcelona.- El secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, ha asegurado hoy que, si fuese vecino de Arenys de Munt (Barcelona), no hubiese dudado en votar 'sí' a la independencia de Cataluña en la consulta que el Abogado del Estado, con una actitud a su juicio "predemocrática", se ha esforzado en desbaratar.
En declaraciones a Efe, el número dos de Convergència, abanderado del sector soberanista del partido, no ha vacilado al ser preguntado si votaría a favor de la independencia de Cataluña en caso de haber podido participar en la consulta que había sido convocada en Arenys de Munt: "Sí, por descontado", ha recalcado.
Sin embargo, Puig ha puntualizado que no sería conveniente que, en este momento, a la espera de conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto catalán, otros ayuntamientos catalanes imitasen la iniciativa de este municipio del Maresme y convocasen análogas consultas populares de autodeterminación de Cataluña.
"En estos momentos sería deseable mantener toda la calma y la serenidad posible. La reacción social, institucional y política, si corresponde, se debería producir después de la sentencia, intentando encontrar el máximo consenso en el marco del Parlamento de Cataluña y recabando la participación social e institucional más amplia posible", ha reflexionado.
Finalmente, un juzgado de Barcelona ha acordado suspender la autorización municipal del referéndum popular en Arenys de Munt al considerar que ese tipo de consultas son competencia exclusiva del Estado.
Refiriéndose a esta consulta, Puig ha expresado su "respeto total" a la iniciativa y ha "deplorado la actitud del Abogado del Estado, que tiene detrás obviamente al Gobierno socialista".
La Abogacía del Estado presentó en el Juzgado de lo Contencioso número 14 de Barcelona un recurso contra la celebración de la consulta convocada en Arenys de Munt, una maniobra que según Puig denota los "tics predemocráticos que aún tiene el Estado español".
Puig ha mostrado su preocupación por una "injerencia del Abogado del Estado" que "genera crispación en torno a un derecho que tenemos reconocido desde 1978, que es el de la libertad de expresión, el de consulta y el de participación ciudadana".
"Negar la posibilidad de que ciudadanos de un pueblo, de una ciudad, de una región o de un país puedan expresar su opinión es una actitud predemocrática, defensiva, miedosa".
"Pedir la opinión de la gente, promover la participación, luchar contra la desafección o involucrar a los ciudadanos en la definición del futuro colectivo me parecen unos objetivos no sólo legítimos sino también deseables desde un punto de vista político y democrático", ha asegurado Puig.
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