El próximo mes de octubre habrán transcurrido seis meses desde que un grupo de 100 investigadores económicos de prestigio académico internacional, de ideología diversa, lanzaran una "Propuesta para la reactivación laboral en España", ante su preocupación por la grave situación del mercado laboral español dentro de la crisis económica internacional, donde la tasa de paro es la más alta de la zona euro.
De aquel documento, la propuesta de mayor calado fue sustituir las diferentes modalidades de contratos de trabajo, cada uno con indemnizaciones por despido muy diferentes, por un contrato de trabajo único, excepto para los de interinidad. Uno de los objetivos clave era acabar con la enorme dualidad del mercado español, entre los que disfrutan de un contrato indefinido y los que soportan los contratos temporales. Jóvenes, mujeres e inmigrantes son los grupos que más sufren esta precariedad.
Los "100 del manifiesto" no han conseguido gran cosa del Ejecutivo de entonces a ahora, salvo abrir el debate —uno de sus objetivos— y que Zapatero pasara de sus propuestas. Pero eso fue de puertas afuera, porque es de sobra conocido que miembros del Gobierno socialista compartían parte del contenido del manifiesto. El actual secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, escribió tribunas antes de ocupar su cargo en la misma línea que el manifiesto. Otros técnicos del equipo de la Oficina Económica de Zapatero mostraron en privado su simpatía por el documento.
El tiempo trascurrido parece haber dado la razón al análisis que hicieron 'los 100' para justificar su contrato único. Tras los efectos transitorios del Fondo de Inversión Local y la favorable estacionalidad del turismo para el empleo, los datos de paro registrado de agosto muestran un repunte del desempleo y, pese a la mayor confianza de los consumidores y de la propia vicepresidente económica, entre los académicos persiste la opinión de que la recuperación en España será bastante más lenta que la de nuestros socios de la zona euro. El paro seguirá siendo el principal lastre, como pondrán de manifiesto las dos próximas EPAs de este año y, sobre todo, la del primer trimestre de 2010, período en el que la tasa del 20% de desempleados tiene bastantes números de lotería para que sea superada.
Es en este contexto en el que los promotores del manifiesto preparan una segunda entrega, mucho más concreta, analizando los efectos de algunos ejemplos de su modelo de contrato único, con diversas simulaciones, incluso a una década vista, y con una aproximación a la resistencia frente a estas medidas que podrían tener los sindicatos.
El citado nuevo documento desarrollará las cuatro propuestas contenidas en el manifiesto original. La primera se refiere al contrato único (CU) con una indemnización suavemente creciente, destinado a eliminar la injusta dualidad existente en el mercado de trabajo y con ventajas como que "por defecto todos los contratos son indefinidos". Las simulaciones muestran que no se reduce la indemnización media del despido que recibirá un trabajador en el futuro, al tiempo que, al aumentar la duración de los contratos por el menor coste en el margen de ampliarla, se reducirá el coste medio del despido para las empresas.
Adicionalmente, uno de los promotores del documento aduce que dicho CU podría utilizarse para proceder a la "eliminación del estatus de funcionario para el profesorado universitario e investigadores del CSIC" con el fin de fomentar el espíritu emprendedor de los investigadores, que casa mal con la figura funcionarial. Esta idea se basa en la reforma del modelo de educación superior recientemente aprobada en Finlandia (país número uno en las clasificaciones de PISA) donde, a partir de 2010, se eliminará el estatus de funcionarios a los profesores y personal administrativo, y se introducirán cambios radicales en el gobierno de las Universidades. "Además, frenaríamos las críticas de todos aquellos que nos acusan de fariseísmo al abogar por contratos más flexibles ya muchos de los firmantes somos funcionarios sin ningún problema de estabilidad laboral con independencia de nuestro rendimiento" explica uno de los profesores.
La segunda propuesta recoge cinco puntos. Comienza por "ampliar la duración de las prestaciones asistenciales (subsidio) pero solo a los parados de larga duración y transitoriamente (el final de la crisis puede ser muy largo); elevar los topes de esas prestaciones de manera que su perfil decaiga mucho mas rápidamente con la duración; elevar la cuantía al principio (por ejemplo, al 90% de la base reguladora al principio y reducirla al final, así como reducir su duración); acumular fondo de ahorro para financiar formación en caso de paro o pensión (como en el modelo austriaco); y ligar las cotizaciones sociales empresariales al coste de prestaciones o volumen de los despidos, al incluir el sistema bonus-malus que en algún momento ya se planteó el Ministerio de Trabajo en el pasado para, por ejemplo, combatir el exceso de prejubilaciones.
La tercera idea de los promotores del nuevo manifiesto incide en las fórmulas para potenciar la formación de los trabajadores desempleados menos cualificados mediante políticas activas que cuenten con más fondos que los actuales, al reducirse el excesivo volumen de fondos destinados a bonificaciones de eficacia muy dudosa, los cuales ya no serían necesarias con el Contrato Único. Por último, la cuarta pretende conseguir que los acuerdos de empresas prevalezcan sobre los convenios de ámbito superior sectorial. Es uno de los grandes temas pendientes en la negociación colectiva, donde muchas empresas que pueden alcanzar acuerdos individuales entre sus trabajadores y el empresario se ven encorsetadas por lo que impone el convenio colectivo. Se trataría de cambiar las restrictivas cláusulas de descuelgue actuales por un marco donde la negociación por defecto tenga lugar a nivel de empresa y solo aquellas que deseen vincularse a los acuerdos sectoriales utilicen estas cláusulas.
Por último, el borrador del futuro manifiesto hace un especial hincapié en el contexto de creciente globalización, con los impactos que esta situación tiene, ha tenido y tendrá en los mercados de trabajo. A través de una mayor competencia se producirá una reducción de la capacidad protectora al trabajador (menor oferta de protección), al tiempo que aumenta la demanda de protección-regulación por parte de los afectados. Cuando disminuye la oferta de un bien y aumenta su demanda, necesariamente se encarece. Por ello, es imprescindible diseñar procedimientos de aseguramiento a los riesgos laborales más eficaces y baratos, donde el concepto de la "flexiseguridad" que aplicaron los modelos danés y holandés, y que ha recomendado la propia Unión Europea, puede ser un buen punto de referencia.
A la vista de la reacción que el manifiesto de 'los 100' ocasionó entre el mundo sindical y en ámbitos muy cercanos al presidente Zapatero —los sindicatos movilizaron a 700 economistas para responder a los académicos— los promotores de esta nueva versión recuerdan que los contratos temporales para actividades regulares se introdujeron en España hace 25 años ante "la imposibilidad de modificar la indemnización de 45 días" que data del régimen franquista donde imperaba una regulación laboral con total ausencia de libertad sindical, salarios bajos y, a cambio, trabajos de por vida. Obviamente, el mundo ha cambiado mucho, y a mejor, desde entonces y la regulación laboral debería adaptarse a los nuevos tiempos.
Advierten de que el contrato único debería de ser políticamente viable "pues los sindicatos han declarado siempre estar en contra de la temporalidad" pese a su actitud en la reciente ruptura del diálogo social. Señalan que aquellas reformas que recortaron las diferencias entre los contratos indefinidos y los temporales (1994 y 1997) tuvieron lugar cuando el potencial votante representativo de los sindicatos (el llamado votante mediano) dejó de ser un trabajador con contrato indefinido de indemnización máxima para convertirse en un contratado temporal o un desempleado.
En los próximos meses, esta situación podría volver a hacerse realidad y la resistencia de las cúpulas sindicales se debilitaría. En cuanto a las asociaciones empresariales, lo más probable es que reduzcan sus aspiraciones maximalistas de recortes desmedidos en las cotizaciones a la seguridad social (deberían ser selectivas, como en el sistema bonus-malus) y de introducción de contratos precarios "de crisis", estando dispuestos a negociar cambios en la dirección adecuada para poder sacar a la economía española de su marasmo actual.
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